El fiscal del 'amianto' cree probado que los acusados consintieron los hechos
El fiscal del caso del amianto consideró ayer probado en su informe final que los acusados (dos directivos y dos médicos de la extinta fábrica de Fibrocementos de Levante de Sant Vicent Del Raspeig) "consintieron" el riesgo al que se exponían los trabajadores al inhalar polvo del mineral cancerígeno. El ministerio público ratificó la petición de tres años de cárcel para cada uno de los procesados por la muerte de ocho operarios de la planta y la enfermedad grave de otros 29.
"No son demonios, pero tampoco ángeles", proclamó el fiscal en referencia a los acusados: José Pérez Domené, actual director de recursos humanos del grupo Uralita y jefe de personal de la fábrica de Sant Vicent hasta 1984, Carmelo Blay, jefe de personal de la planta entre 1990 y 1996, y los facultativos Alberto Clemente y Miguel Ángel Sarabia. El informe concluye que, aunque el juicio "no puede convertirse en una inquisición general" contra el amianto, "tampoco sería justo" exculpar a los juzgados: "No cabe duda de que son corresponsables".
El fiscal dejó en manos del juez, el titular del Juzgado de Lo Penal núme 3 de Alicante, la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento para determinar si otras personas o entidades -entre ellas, los centros médicos que examinaban a los trabajadores- pudieran ser responsables penales por los hechos.
El informe también subraya que, al menos hasta 1984, cuando entró en vigor la normativa sobre el amianto, los empleados de Fibrocementos sufrieron una exposición "continua y larguísima" al mineral. "Basta ver el número de afectados para hablar de porcentajes escalofriantes", sentenció el fiscal, que dio por probado que los acusados "conocían las condiciones en las que los operarios desarrollaban su trabajo".
El fiscal puntualizó que la falta de información a los afectados incrementó el riesgo de agravar su patología al no someterse a tratamientos preventivos. Una de las imprudencias cometidas por médicos y directivos, según el informe, fue "ocultar sistemáticamente" a los trabajadores que estaban gravemente afectados por el amianto: "Sólo en el último momento y cuando la baja era irremediable fueron declarados no aptos".
El ministerio público reprochó que la filial alicantina del Grupo Uralita no se preocupara de formar a los empleados para que fueran conscientes de que "trabajaban con veneno". La acusación particular suscribió el informe de la Fiscalía.
La recta final del juicio ha coincidido con el inicio del derribo de la fábrica de Sant Vicent, activa entre 1950 y 2003.
