Un juzgado de Segovia indaga en obras ilegales de un ex concejal popular
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segovia número dos, del que es titular Jesús Marina, ha abierto diligencias previas contra la empresa Hontanilla Santo Domingo, SL, vinculada al ex concejal del PP Ángel Sancho, que abandonó su cargo a raíz del escándalo provocado por la realización sin licencia de unas obras ilegales de miniapartamentos en una zona de huertas de especial protección.
Según fuentes jurídicas, en las próximas horas se llamará a declarar a varios imputados que mantienen relación con la empresa, cuyo portavoz ha venido siendo el abogado Manuel González Herrero, diputado del PP entre septiembre de 1999 y enero de 2000, que sustituyó en su escaño a la dirigente popular Loyola de Palacio.
Ángel Sancho, que dejó su acta de concejal cuando se hizo público el asunto, el 29 de mayo pasado, ha insistido en que era contrario a estas obras y en que no tiene poder de decisión en la sociedad. Asimismo, aclara que vendió sus participaciones en ésta, aunque mantiene un 25% como garantía de un pago, que se hará efectivo en 2007.
A la vista de los informes técnicos, el Ayuntamiento -gobernado por el PSOE e IU- paralizó las obras y remitió a la fiscalía de Segovia todas las actuaciones. Con una licencia para realizar dos muros de contención de unos terraplenes en una huerta calificada como suelo especialmente protegido, la empresa camufló, casi en forma de zulos, un total de 46 pequeños apartamentos de 19 metros cuadrados cada uno, de los que 16 están ejecutados y otros 30 en obras.
El ministerio público ha entendido que hay indicios racionales sobre la existencia de un delito contra la ordenación del territorio que podría incurrir en un delito urbanístico del artículo 319.1 del Código Penal, que prevé penas de prisión de seis meses a tres años a los que lleven a cabo una obra no autorizada en zonas verdes o lugares que tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural.
Cerca de una universidad
González Herrero explicó que su empresa preveía la posibilidad de solicitar en el futuro una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para autorizar el uso de los espacios como alojamientos para estudiantes, ya que se encuentran en una zona verde próxima a la universidad privada Sek.
Por otra parte, la fiscalía ha acordado archivar una denuncia por posible prevaricación presentada por el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, contra los concejales de Urbanismo, Juan José Conde Arambillet, del PSOE, y de Patrimonio, Concepción Domínguez, de IU. Partiendo de que la paralización se produjo un año después de que se registraran las primeras denuncias de lo que se estaba realizando por colectivos en defensa del patrimonio, Vázquez dudaba de que los ediles hubieron actuado correctamente para impedir estas obras ilegales, mientras que éstos sostuvieron que han intervenido cuando se han acumulado un importante número de pruebas concluyentes y tras un trabajo largo de inspección y vigilancia.
