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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Billetes candentes

No debe ser casualidad que por España circulen 101 millones de billetes de 500 euros, casi uno de cada tres de los que operan en curso legal en toda Europa (343 millones de billetes). Casi todos los expertos fiscales lo asocian con la persistencia de un gran volumen de economía ilegal y de fraude fiscal, muy superior al que se presume en otras economías europeas. Los llamados binladen son el método más práctico para ocultar dinero y también una de las fórmulas favoritas para blanquear los ingresos procedentes de actividades ilegales. Lo son desde el momento en que los españoles cambiaron la peseta por el euro y la economía se integró en la unión monetaria. Por tanto, las autoridades fiscales han dispuesto de suficiente información para contrarrestar este modo de dinero opaco, guardado casi literalmente bajo el ladrillo o empleado en todo tipo de operaciones delictivas, como el tráfico de drogas. Sorprende, pues, que hasta ahora se haya articulado tan poco para frenar el fraude.

Crear un censo de operaciones realizadas con billetes de 500 a partir de una determinada cantidad, decidida por las autoridades tributarias, ayudaría a frenar el descontrol. Cada vez que alguien solicitara en un banco cantidades superiores a ese límite, la operación debería incluirse en un registro que después se entregaría en la Agencia Tributaria. La información ayudaría en las investigaciones de los inspectores. Técnicamente, el censo es posible, pero la Agencia Tributaria parece haber descartado, en principio, la creación de un registro de estas características debido a la complejidad informática y probablemente al coste elevado que acarrea el acopio de datos. Sin embargo, hay otras informaciones que recibe Hacienda que también se obtienen con medios que incurren en costes y que finalmente paga el contribuyente de una u otra forma. Y los beneficios para la persecución del fraude fiscal serían considerables.

En cualquier caso, sería deseable que se articulasen disposiciones legales para acabar con los nichos de dinero negro que utilizan los billetes de 500 euros. Por lo visto en los últimos años, no es suficiente con actuar sobre los negocios que acumulan mayor volumen de ocultación fiscal -el inmobiliario, por ejemplo- para reducir drásticamente el fraude tributario. Seguramente es necesario actuar también sobre el circuito financiero a través del cual se alimenta la ocultación impositiva. La Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal, que actualmente está en tramitación parlamentaria, sería la norma adecuada para que el Gobierno convenza a los contribuyentes de que es capaz de cerrar todas las vías de escape al fraude fiscal.

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