Costas veta en Benidorm dos torres en el litoral que invaden suelo de dominio público

La Dirección General de Costas ha presentado un recurso contra el proyecto para construir dos torres en el Rincón de L'Oix de Benidorm, por considerar que invaden el dominio público marítimo terrestre. La mercantil Edificaciones Calpe, SL, perteneciente al Grupo Ballester, ha culminado el derribo del edificio Coblanca 10 y la recogida de los cascotes que cayeron al mar, y ha manifestado su intención de iniciar la construcción de los dos edificios singulares en los próximos meses tras realizar los sondeos en el terreno, una zona costera de gran valor ecológico.

El Ayuntamiento de Benidorm, a instancias de la Dirección General de Costas, emplazó por decreto a la empresa constructora a extremar las medidas de seguridad ante los vertidos de escombros al mar. Edificaciones Calpe se vio obligada a contratar los servicios de una empresa de buzos, Trabajos Subacuáticos del Mediterráneo, para limpiar la zona. El concejal de Urbanismo, Manuel Agüera, del PL, indicó que la empresa ha cumplido todos los requerimientos para acometer las obras, y que la mercantil había culminado el derribo.

Sin embargo, el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, mostró sus dudas ante la legalidad de los trabajos. "El ministerio no está conforme en que se levanten las dos torres, porque la zona está muy próxima a la servidumbre de paso. Están en la conocida como zona de tránsito. Por lo tanto, desde el punto de vista de Medio Ambiente no cumple la normativa", explicó Martínez, que recordó que el proceso está en un contencioso. "Trataremos de impedir que inicien la obra, pero en zona de protección no podemos hacer nada, porque es competencia de la Generalitat", indicó. El jefe provincial de Costas atribuyó al temor en que Generalitat o Ayuntamiento cambien de signo político las "prisas" del Grupo Ballester en recoger los cascotes caídos al mar e iniciar cuanto antes las obras.

La licencia de construcción de dos edificios de viviendas en Punta Llisera fue otorgada en el año 1988, siendo alcalde de Benidorm el socialista Manuel Catalán Chana. Desde que se otorgó, condicionada a determinados extremos y a la aprobación de un estudio de detalle, los pleitos y la polémica han perseguido a la autorización.

Una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1994 obligaba a la aprobación del estudio de detalle, que tras una extensa tramitación, no había sido aprobado todavía. En el pleno de 20 de noviembre de 1995 el Consistorio dio el visto bueno al estudio. En enero de 1997 se declararon cumplidos los requisitos impuestos como condicionantes, uno de los cuales era la cesión al Ayuntamiento de un terreno de 7.755 metros en Punta Llisera, de evidente valor medioambiental.

La licencia de demolición de la torre Coblanca 10 se otorgó el 22 de enero de 2003 por parte del Ayuntamiento, pero condicionada junto con la de construcción a la obtención de los permisos pertinentes por el resto de administraciones públicas implicadas. El 29 de abril de 2005 la Dirección General de Puertos y Costas de la Generalitat autorizó las obras. Sin embargo, el departamento homólogo del Gobierno central, o sea, la Dirección General de Costas, ha planteado ahora un contencioso administrativo contra la resolución del organismo autonómico para evitar que los futuros edificios puedan construirse e invadir el dominio público marítimo terrestre.