El juez de El Puerto abre el primer juicio oral de la 'Operación Estela'

El juzgado número 3 de El Puerto de Santa María ha instruido la causa contra el primero de los detenidos en la Operación Estela contra el narcotráfico, desarrollada por la Guardia Civil entre los años 2002 y 2003 que permitió detener a 41 personas e incautar siete toneladas de droga. El proceso, a petición de la fiscalía, fue segregado en varios juzgados de Cádiz, Almería y Granada. El que ahora se va a juzgar es el único procedimiento que permaneció en el juzgado portuense, del que es titular el juez Miguel Ángel López Marchena, quien fue instructor de la investigación de toda la operación y había defendido la unidad de la causa.

En un auto de López Marchena del 5 de abril de 2006, se acuerda la apertura del juicio oral contra J. J. V. R., un vecino de Barbate, quien en la madrugada del 19 de septiembre de 2002 fue sorprendido por Vigilancia Aduanera cuando conducía una furgoneta cerca de una playa portuense, donde se acababa de desembarcar un alijo de 1.200 kilos de hachís. El testimonio del detenido permitió a la Guardia Civil seguir la pista del resto de arrestados en la operación, que se hizo pública en julio de 2003.

Estela fue noticia porque en noviembre de aquel año, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó su segregación en varios procedimientos que finalmente fueron repartidos en los juzgados gaditanos de Barbate, Algeciras, y Jerez, y en los de Linares (Jaén) y Guadix (Granada). La Audiencia atendía así el planteamiento de la Fiscalía de Cádiz que entendía que la instrucción debía ser repartida en función de los lugares donde se incautaron los alijos. Al juzgado que inició el caso, el número 3 de El Puerto, sólo se le dio competencias para continuar con el procedimiento contra J. J. V. R..

Su juicio como imputado todavía no tiene fecha, aunque fuentes del caso señalaron ayer que la vista se fijará después del verano. El juzgado portuense remitirá el expediente al juzgado de lo Penal de Cádiz, donde se celebrará la vista. La Fiscalía pide para el acusado cuatro años y cinco meses de prisión y dos millones de euros de multa por un delito contra la salud pública. Las acusaciones particulares ejercidas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc), el colectivo antidroga Redeín y el Ayuntamiento de Barbate piden la misma pena con un mes más de prisión.

Al igual que el resto de detenidos en la operación, J. J. V. R. se encuentra en libertad. Tras quedar libre, volvió a ser detenido de nuevo como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

En el auto, el juez López Marchena defiende la postura que mantuvo a lo largo de la instrucción del proceso en contra de la segregación de la causa. Reconoce que entonces no se aceptó su petición porque se validó el argumento de la Fiscalía de atender al lugar de las detenciones y los alijos, pero recuerda que el Tribunal Supremo le permitió un año después investigar un caso con arrestados y droga incautada en Cádiz y también en la provincia de Ávila.