Duarte trabajaba al mismo tiempo como experto para la Junta y para tres ayuntamientos de Málaga
En noviembre de 2005, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía recibió el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Occidental. El mapa de su primera página destacaba nueve municipios. Un tercio de ellos tenían entre sus asesores urbanísticos a Rafael Duarte Martínez. Eran Manilva, Istan y Ojén.
Duarte aparecía entre los seis integrantes del consejo director que elaboró el POT, contratado por la Junta en diciembre de 2003 al colectivo José Seguí, Arquitectos Asociados. Entre sus elementos figuraban "las determinaciones de los planes con incidencia en la ordenación del territorio y de los planes urbanísticos vigentes en su ámbito que deban ser objeto de adaptación justificando las alteraciones propuestas para los mismos" y "las previsiones para el desarrollo, seguimiento y ejecución del plan".
En Manilva, Duarte, un mes antes de empezar el POT para la Junta, colaboró en la redacción de planes que reconvirtieron en suelo urbanizable no programado una finca de 1,3 millones de metros cuadrados a través de dos convenios que llevaban la firma Marbella Royal Estates, vinculada a uno de los detenidos en la operación policial Ballena Blanca en Marbella contra el blanqueo de capitales.
Posteriormente, se elevó la edificabilidad de la finca de 10 a 18 viviendas por hectárea, con la posibilidad añadida de construir apartamentos junto a casas unifamiliares. Su valor aumentó en un 1.300% en apenas dos años. Tras los últimos cambios, el valor de la promoción sobre la Parrada se situó en 147 millones de euros. Curiosamente, la compradora, Desarrollos Urbanísticos La Parrada, cifraba en sólo tres millones de euros el valor de compra firmado en diciembre de 2004 por dichos terrenos.
El ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado -bajo cuyo mandato fue contratado Duarte- y que se halla en libertad provisional bajo fianza por presuntos delitos de prevaricación y cohecho relativos a dicha recalificación en el caso Ballena Blanca, sostiene que su ex asesor urbanístico municipal no recalificó la finca, sino que se limitó a "justificar" ante la Junta por qué tenía carácter de urbanizable no programado. "Significa que, a diferencia del programado, necesitaba del aval de la Junta para poderse efectuar. Estaba pendiente de justificación porque según la Junta había un exceso en Manilva de suelo urbanizable no programado". Al igual que los citados convenios, dicha justificación la tramitó Duarte ante la Junta, para la que también prestaba servicios para redactar el POT.
José Seguí, director del POT, no sólo defendió ayer la honorabilidad de su ex contratado, Duarte, sino que afirmó que no había ninguna incompatibilidad entre los trabajos que desarrolló para los ayuntamientos y para la Junta. "No tienen nada que ver. Se le requiere que nos asesore por sus conocimientos sobre Casares, Ojén y Manilva. El POT no se mete en las competencias municipales. No hay relación".
