Los municipios podrán imponer el 20% de vivienda protegida en solares céntricos y edificios rehabilitados
El Consell Executiu dio ayer el visto bueno a la ley del derecho a la vivienda, denominada "ley Milà" en honor al consejero Salvador Milà, que la impulsó pero no pudo llegar a verla arrancar porque se cayó del Gobierno muy poco antes en una decisión que su partido (ICV) ha acogido extraordinariamente mal. Francesc Baltasar, sustituto al frente de Medio Ambiente y Vivienda, resaltó ayer la paternidad del ex consejero. Hasta tres veces. Una de las huellas de la actuación de Milà es la posibilidad que la ley ofrecerá a los municipios de que impongan a los promotores de solares céntricos, tanto en casos de nueva construcción como en los de rehabilitación, hasta el 20% de vivienda protegida.
La norma, que está prevista en el artículo 18 de la nueva ley, que ahora deberá ser debatida por el Parlament, establece que los ayuntamientos podrán exigir también vivienda protegida en edificios de suelo urbano consolidado (céntrico) en los casos en los que el promotor derribe el edificio y construya otro nuevo o rehabilite todo el bloque.
Este artículo ha sido pactado con los promotores de vivienda, que eran muy reacios a aplicar esta norma a suelo que ya tenía derechos de construcción. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo: la medida sólo afecta a edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados de techo (20 viviendas de 100 metros cuadrados) y, además, tendrá una moratoria de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, de modo que se garanticen los derechos adquiridos de cuantos dispongan ahora de solares en condiciones de edificabilidad.
La norma permite lograr vivienda protegida en lugares con alta densidad de construcción, como Barcelona, donde la reconstrucción o la rehabilitación son especialmente importantes.
La ley también alarga la vigencia de la protección oficial hasta 90 años, pero incluye una salvedad: en determinados casos puede reducirse hasta 30, de modo que, en realidad, el plazo de vigencia de la protección es variable y se negociará con los ayuntamientos. Hay otra salvedad: en los casos de realojamiento forzoso, por patologías u otras causas, la vivienda dejará de estar protegida a los 15 años porque en estos casos nadie que sea realojado de manera forzosa lo hace de modo especulativo.
