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Tribuna:

El matasellos

Apenas cuatro semanas después de la entrada en vigor del "alto el fuego permanente" de ETA, el cortísimo trecho recorrido en la sinuosa ruta hacia la pacificación permite analizar ya ciertas actitudes e identificar determinados escollos, no por previsibles menos peligrosos. Así, y pese a las apariencias iniciales, hoy resulta evidente que el Partido Popular no quiere creer en el "mal llamado proceso de paz" -expresión usada por Ángel Acebes el pasado lunes- y, por tanto, que pondrá en juego todas las baterías institucionales y mediáticas de que dispone para deslegitimarlo, erosionarlo u obstaculizarlo: ataques contra el fiscal general del Estado por su supuesta indulgencia con los terroristas, descalificaciones preventivas hacia la gestión de Alfredo Pérez Rubalcaba en Interior, denuncia quisquillosa de cualquier gesto o palabra conciliadora de los socialistas en dirección al mundo abertzale, explotación a fondo de la disidencia social-españolista de las Rosa Díez, Gotzone Mora y compañía, etcétera. Consciente de que el éxito -siquiera preliminar- de Rodríguez Zapatero en la liquidación de la violencia etarra catapultaría a éste hacia la mayoría absoluta -y empujaría a Rajoy a la jubilación-, el PP no piensa darle al presidente del Gobierno facilidad alguna, y seguirá exigiendo de ETA esa rendición incondicional y humillante que ni siquiera el implacable Aznar pudo conseguir.

Pero, en su estrategia perturbadora de las expectativas de paz, el Partido Popular no está solo. Dejando de lado su probado influjo entre la alta judicatura, y además de la beligerancia antivasquista de los medios y los comunicadores que le son afines (esos que han convertido a Ibarretxe en un trasunto de Satán...), el PP cuenta con un aliado muy valioso de cara a la opinión pública: las fundaciones y entidades vascas que, surgidas tiempo atrás de un noble impulso ético, del rechazo moral ante el terror y sus consecuencias (ante el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo), han derivado en grupos de presión ideológicos, en plataformas seudopartidistas sin filtro electoral que mida su representatividad, en depositarias exclusivas y autonombradas del sufrimiento de las víctimas.

Una de tales plataformas, ¡Basta Ya!, celebró en San Sebastián hace dos semanas un mitin -un "acto político", según la púdica descripción de este diario- en el curso del cual se hicieron patentes dos de los rasgos más acusados de todos estos movimientos; por un lado, la tendencia a suplantar o dar órdenes a las fuerzas democráticas: ¡Basta Ya! exige -no pide, exige- de éstas que no deroguen la Ley de Partidos, que no prescindan del Pacto Antiterrorista, que no concurran a una mesa de diálogo como la que proyecta el lehendakari...; por otra parte, la actitud excluyente y descalificadora contra quien no piensa como ellos: en ese mitin, Fernando Savater afirmó que la Ley de Partidos sólo desagrada a aquellos contra quienes está pensada, "a los que tienen un pie en el Parlamento y otro pie en la calle, con la capucha puesta". ¿Sabe el ilustre filósofo que, en Cataluña sin ir más lejos, esa ley concita el rechazo transversal de muchos miles de ciudadanos de casi todas las tendencias políticas, gentes pacíficas que no nos hemos puesto jamás capucha alguna, ni siquiera para ir en procesión?

Más activo y más beligerante contra las expectativas de paz se ha mostrado aún el Foro de Ermua. De hecho, este grupo ni siquiera aguardó al anuncio del alto el fuego etarra para lanzar contra los socialistas vascos y navarros imputaciones o sospechas de traición: "El PSOE apoya una vez más a Batasuna-ETA y avala con 100.000 euros la libertad condicional del dirigente abertzale Díez Usabiaga", rezaba una nota oficial del Foro hecha pública el pasado 21 de marzo, la víspera del comunicado de ETA. La nota del día siguiente era igual de categórica: "El 'alto el fuego permanente' de ETA es un nuevo engaño. Sólo cabe que ETA anuncie su disolución y los terroristas se entreguen a la justicia". Desde entonces, las palabras y las actuaciones del Foro de Ermua dibujan una línea claramente obstruccionista o entorpecedora de un posible proceso de diálogo. Las palabras han sido para rechazar cualquier tipo de concesión o de negociación, para denunciar las "actitudes permisivas o claudicantes" del Gobierno y del PSOE, para presumir que éstos cederán ante ETA... En cuanto a los hechos, el Foro ha pulsado ya diversos resortes: desde activar unas Comisiones de la Diáspora Democrática Vasca que reclaman el derecho al voto en Euskadi para "centenares de miles" (sic) de vascos presuntamente exiliados, hasta presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional tratando de impedir la reunión de anteayer entre el lehendakari Ibarretxe y Arnaldo Otegui.

En este contexto, tanto el Partido Popular como su poderoso cinturón de hierro de medios de comunicación y plataformas cívicas españolistas acogieron con indisimulable satisfacción, en plena Semana Santa, la confusa noticia de esas cartas (¿seis?, ¿tres?, ¿una?) fechadas no se sabía muy bien cuándo y recibidas por empresarios navarros pidiéndoles (¿o exigiéndoles?, ¿o invitándoles a hacer?) un donativo económico a la causa etarra. ¡He aquí la prueba de la tregua-trampa!, clamaron todos a una los adversarios del neonato proceso de paz.

La policía y el CNI han hecho su trabajo, y por fortuna el Gobierno no se ha dejado impresionar por ese ruido interesado. En la historia contemporánea de Europa hubo países que fueron a la guerra por un telegrama (la depêche d'Ems, desencadenante de la guerra franco-prusiana) y otros que lo hicieron por "un pedazo de papel" (el Reino Unido en 1914, al decir de Berlín). Pero no se sabe de ninguno que desaprovechase una oportunidad de paz a causa de la fecha de un matasellos.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de abril de 2006