El Parlamento revisará la ley que rige la elaboración de los presupuestos

El Parlamento vasco revisará la actual Ley de Régimen Presupuestario, que es la norma que marca al Gobierno cómo debe elaborar los presupuestos de la comunidad autónoma. Los grupo de la oposición consideran que es necesaria una actualización -la última modificación data de 1994-, para que el Ejecutivo no pueda interpretar la norma de la manera que mejor le conviene en cada momento, dado que le permite una capacidad operativa excesiva y priva al Parlamento de decidir sobre el gasto. Para ello, la comisión de Economía de la Cámara constituirá en las próximas semanas una ponencia de la que saldrán, si finalmente se aprueba, los cambios que se aplicarán en el futuro.

La creación de esa ponencia se aprobó la semana pasada con los votos de PSE, PP y EHAK y con la oposición de las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno tripartito, que no ven la necesidad de proceder a ninguna modificación de la Ley de Régimenl Presupuestario. La iniciativa partió del PSE, partido que en los últimos meses ha cuestionado los "subterfugios" legales empleados por el Gobierno a la hora de elaborar los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Los informes elaborados por el Tribunal Vasco de Cuentas Publicas (TVCP) referentes a la fiscalización de la Cuenta General del Gobierno correspondiente a los años 2002 y 2003 incluyen una serie de recomendaciones de ese órgano de control sobre aspectos como la territorialización del gasto (qué se gasta e invierte en cada provincia) y sobre la obligación de remitir anualmente al Parlamento, a ejercicio vencido, un proyecto de ley con la liquidación del presupuesto. El Ejecutivo no ha enviado las liquidaciones de los presupuestos que van de 1998 a 2004, aunque la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia se ha comprometido a hacerlo en los próximos meses.

La parlamentaria socialista Joana Madrigal es la autora de la propuesta para crear la ponencia. Según Madrigal, ha llegado la hora de "poner freno" a las triquiñuelas legales que el Ejecutivo emplea para hacer "interpretaciones amplias" de la legalidad que debe cumplir. Entre los "subterfugios" legales, la parlamentaria cita la aprobación por el Gobierno de decretos de habilitaciones de las cantidades que ingresa al margen de las recogidas en la Ley de Presupuestos. En el período 1998-2004, el Ejecutivo, con presupuestos prorrogados, ha dispuesto de 2.170 millones de euros correspondientes a los superávits producidos por las desviaciones entre los ingresos previstos, procedentes de las aportaciones de las diputaciones, y las liquidaciones finales, que siempre han superado las previsiones iniciales.

Superavits "incontrolados"

"Se trata de una cantidad económica cuyo destino preciso es desconocido para el Parlamento. ¿Cuántas veces hemos oído al Gobierno decir que no poseía fondos para acometer iniciativas que se le han propuesto? Ha sido en multitud de ocasiones", señala Madrigal. "Sin embargo", prosigue, "los grupos no hemos tenido la oportunidad de manifestar nuestra posición favorable o contraria al destino de ingentes cantidades de dinero". La existencia de estos superávits "incontrolados" se debe a que un artículo de la Ley de Régimen Presupuestario permite al Ejecutivo "una capacidad operativa excesiva y hurta" al Parlamento de la posibilidad de decidir y priorizar el gasto.

Además, el PSE ha observado que, sistemáticamente, la ley de Presupuestos anula arrastra excepcionalidades desde hace años que permiten al Gobierno vivir en "la excepcionalidad permanente". Es decir, que se autoriza al Departamento de Hacienda a reinterpretar la Ley de Régimen Presupuestario. "Así, la aplicación fiel del texto y su contraste con la realidad resulta ser un espejismo", advierte Madrigal. Algunas de estas excepciones pueden ser lagunas descubiertas por los servicios de Hacienda, que requieren ser incorporadas a la futura ley con el fin de agilizar el régimen presupuestario. En la ley de Presupuestos para este año se pueden apreciar hasta diez excepcionalidades.

Los socialistas y el resto de la oposición reconoce que se trata de una ley compleja. La modificación de un artículo probablemente afecte y pueda modificar, a su vez, otros. "Cuanta más participación y asesoramiento técnico exista, mucho mejor saldrán las cosas", augura la parlamentaria del PSE. Madrigal tiene previsto solicitar la comparecencia ante esa ponencia de varios expertos, entre ellos los técnicos y responsables del Departamento de Hacienda.