Amnistía pide que se facilite el acceso a los archivos de la guerra

Verdad, justicia y reparación. Es lo que exige la organización Amnistía Internacional (AI) para las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista en un informe presentado ayer en Madrid. AI pide al Gobierno que se remueva "la carrera de obstáculos" que supone hoy en día para las víctimas conocer el paradero de sus seres queridos.

La organización de defensa de derechos humanos denuncia múltiples trabas en el acceso a los archivos oficiales, lugar casi ineludible para los familiares de los damnificados, pues es donde están las pruebas para demostrar lo sucedido 70 años atrás. El informe relata el caso de una mujer, nieta de un republicano fusilado en Ávila en 1936, que pidió el expediente de su abuelo en marzo de 2005 al Archivo del Tribunal Territorial de Madrid número 1. Todavía no ha obtenido respuesta alguna.

¿La razón de la tardanza? La sede del tribunal está en Madrid capital y los expedientes en el pueblo de Fuencarral. "Según las personas que lo atienden", explica Eva Suárez-Llanos, responsable de Campañas e Investigación de la Sección Española de AI, "sólo periódicamente, en ocasiones con un intervalo de varios meses, cuentan con un coche oficial y un chófer que pueda desplazarse al depósito de Fuencarral para recoger los expedientes".

El desastre de los archivos

No es el único, según denuncia AI. Otros también tardan meses o incluso años en responder las solicitudes. Y algunos permiten "la consulta de fichas sin el debido control, es decir, en ausencia del personal del propio archivo, poniendo en riesgo de sustracción o deterioro el material consultado". Si el familiar dispone de pocos datos y no sabe a qué registro acudir, no existe ningún centro con datos centralizados en el que preguntar. Se critica, también, el pésimo estado de conservación de muchos documentos.

En cuanto a la localización de las víctimas enterradas en fosas comunes, que se calculan en varios miles, AI pide al Gobierno que no delegue esta función en las asociaciones. Que sea la Administración de Justicia, a través de sus juzgados y tribunales, la que se encargue de la exhumación, la identificación de los cuerpos y la devolución a los familiares.

El Gobierno creó, en septiembre de 2004, una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil. Su función principal es elaborar un anteproyecto de ley de memoria histórica, en el que se regulen las "medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas". El Ejecutivo, según ha asegurado en sede parlamentaria, prevé presentar la norma en el Congreso en este periodo de sesiones (antes del 30 de junio). AI apremia al Ejecutivo para que la presente.

El pasado 17 de marzo, el Consejo de Europa aprobó una propuesta de condena internacional de "las graves y múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975". Propone al Gobierno español que ponga en marcha una comisión nacional de investigación para conseguir establecer "la verdad sobre la represión".