Chirac estudia pedir al Parlamento una revisión de la ley del contrato juvenil
Sindicatos y estudiantes convocan una nueva jornada de protestas para el 4 de abril
Un día después de que más de un millón de personas salieran a la calle en Francia contra el nuevo contrato que precariza el trabajo de los jóvenes (el CPE), la suerte de este artilugio laboral con el que el primer ministro Dominique de Villepin creía poder combatir el paro entre los jóvenes está echada. Y tal vez la del propio Villepin, que, ayer en la Asamblea, en un auténtico lapsus freudiano, dijo que había que esperar a la "dimisión" del Consejo Constitucional sobre el CPE, cuando quería decir "decisión", para regocijo de la oposición y consternación en sus filas.
El mecanismo para cerrar la crisis y apaciguar la irritación social que ha generado este contrato para menores de 26 años, que permite el despido sin justificar en los primeros 24 meses, elaborado sin consultar a los sindicatos, aprobado por el Gobierno recurriendo al decreto ley y defendido, hasta ahora, contra viento y marea por Villepin, será probablemente el siguiente: el Consejo Constitucional se pronuncia hoy sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de igualdad de oportunidad (incluye el CPE) presentado por el Partido Socialista. Si los magistrados aprueban el texto, como parece lo más probable, corresponde al presidente Jacques Chirac firmarlo para que entre en vigor. Pero el artículo 10 de la Constitución concede al presidente la prerrogativa de devolver leyes a la Asamblea y forzar una segunda lectura, lo que abriría las puertas para reformar o retirar el CPE.
Es lo que pidieron por carta a Chirac las cinco centrales sindicales. Y los gestos del Elíseo señalan en esta dirección. El martes, con los manifestantes en la calle y el país en huelga, Chirac hacía saber que anulaba sus viajes fuera de París porque quería "permanecer cerca del Elíseo". Ayer, la presidencia de la República anunciaba que Chirac se pronunciaría en breve sobre el CPE.
Por su parte, los ocho sindicatos y las cuatro organizaciones estudiantiles que forman el frente anti-CPE, todavía en la nube de euforia del éxito de la movilización del martes, optaron ayer por mantener la presión sobre el Gobierno y convocaron para el 4 de abril otra jornada de huelgas y manifestaciones. De celebrarse (lo que sucederá si el Gobierno no retira antes el CPE), será la quinta gran movilización contra la reforma laboral del Gobierno desde el 7 de febrero.
El ministro de Educación, siguiendo órdenes de Villepin, dio ayer instrucciones para que los directores de los institutos vuelvan a abrir todos los centros que están bloqueados por grupos de estudiantes opuestos al CPE. En las universidades la situación permanece estacionaria: casi dos tercios de las 84 siguen en huelga.
Villepin, cuya estoica figura empieza a mostrar las huellas del cansancio y cuyo aislamiento es palpable, repitió ayer el mantra de los últimos días: no está dispuesto a retirar la ley, pero sí a negociar "mejoras" concretas.
El lapsus que sufrió ayer es lo que mejor define su situación. Respondía Villepin a las críticas del primer secretario del Partido Socialista (PS) François Hollande, que le pedía de nuevo la retirada del CPE. "Tenemos instituciones republicanas. Debemos respetarlas. Esperemos al Consejo Constitucional, que presente su dimisión mañana", dijo. Y casi sin pausa rectificó: "Esperemos a que el Consejo Constitucional presente su decisión mañana". A nadie se le escapó el desliz.
Si cada vez son más las voces críticas contra Villepin en el seno del partido gubernamental, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), es cierto que sus fieles han salido en su defensa. El ministro de Exteriores, Philippe Douste-Blazy, chiraquiano y amigo personal de la familia del presidente, reunió ayer en el Quai d'Orsay a los corresponsales de la prensa extranjera para defender al primer ministro, pero no para recriminarles la cobertura de los acontecimientos, como hizo en noviembre respecto a la crisis de las barriadas.
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