La larga batalla legal contra las empresas
La batalla legal de la Junta de Andalucía contra las empresas tabacaleras empezó en febrero de 2001, cuando presentó una demanda contra seis compañías por el coste económico que sufre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como consecuencia de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Una estimación inicial elevó a 300 millones de euros al año el gasto que el Gobierno andaluz destina para hacer frente a estas enfermedades.
La Administración autonómica fue la primera en tomar una decisión de este tipo en la Unión Europa. El precedente fue la decisión del ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton de llevar a las empresas tabacaleras a los tribunales durante su mandato presidencial.
La demanda del Gobierno andaluz ha estado más de cuatro años en la jurisdicción civil, pero recientemente, a principios del pasado mes de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado que la jurisdicción que debe abordar este asunto es la contencioso-administrativa.
El Gobierno andaluz ha mostrado su disposición a seguir con el pleito y ya ha anunciado que recurrirá a esta vía puesto que la Audiencia de Madrid no se pronunció sobre el fondo de la cuestión.
En ese recurso, la Junta planteará que se actúe contra seis tabacaleras (British American Tobacco España, Philip Morris Spain, JT International Iberia, Cita Tabacos de Canarias y Tabacos Canary Islands) y el Estado español. El motivo de la inclusión del Estado en el recurso es que éste participó hasta 1998 en la comercialización del tabaco a través de la antigua empresa pública Tabacalera, que ahora se llama Altadis.
En la demanda inicial, la Junta reclamaba 1,77 millones de euros por el gasto ocasionado por 135 pacientes. En total, el Gobierno andaluz dispone de las historias clínicas de 300 pacientes andaluces diagnosticados de infarto de miocardio, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco.
En la demanda, la Junta incluyó unos análisis realizados sobre la composición del tabaco que ponen de relieve que los cigarrillos incluyen sustancias, como el amoniaco, que no son declaradas por las empresas del sector. El objetivo de estas sustancias es aumentar la adicción del fumador al tabaco.
Además, hay en marcha un nuevo estudio científico sobre otras 20 marcas de tabaco (cinco de ellas baratas) para averiguar su composición.
Un fenómeno que la Administración autonómica quiere analizar con lupa es precisamente el de las marcas baratas de tabaco, que están haciendo furor, sobre todo, entre los más jóvenes. La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha afirmado que la decisión de las compañías de sacar marcas baratas (1,5 euros, aproximadamente) "es, sin duda, una estrategia agresiva por parte de la propia industria tabaquera que tiene un público muy claro, la población joven, la más vulnerable".
