La fiscalía cierra el mayor centro de acogida de menores inmigrantes de Gran Canaria

La fiscal de menores ordenó el jueves por la noche el cierre del centro de acogida inmediata (CAI) de muchachos inmigrantes de Gran Canaria, al considerar que carecía de las condiciones mínimas para albergarlos. El Cabildo de la isla, que dirige el presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, mantenía alojados allí a 72 menores, 52 por encima del cupo previsto. Tras recibir la orden del juez, trasladó a los chicos a un polideportivo municipal. El Gobierno autónomo ha amenazado con denunciar al Cabildo por el delito de omisión del deber de guardia y custodia.

El centro ahora clausurado es un caserón que parecería abandonado si no fuera por la ropa tendida en algunas ventanas. Se trata de una especie de cortijo perdido en medio del monte, al que se llega tras recorrer un kilómetro de pista forestal. Muchos de los 72 menores que alojaba llevaban allí bastante más tiempo del que corresponde a una "acogida inmediata". Dos de ellos habían ingresado en 2002; cinco, en 2003; seis, en 2004...

Esta situación era ignorada hasta el pasado 23 de febrero, cuando la consejera de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, María de la Salud Gil, responsable de la gestión del centro, sorprendió a propios y extraños con una denuncia contra el director general del Menor y la Familia del Gobierno canario, José Luis Arregui. Le acusaba de "prevaricación por omisión".

Gil declaró que Arregui -a cuyo Gobierno corresponde la tutela de los muchachos- había hecho caso omiso a sus requerimientos para poner remedio urgente a la saturación que padecía el centro desde finales de diciembre pasado. "No sé cómo ese hombre puede dormir, cuando en cualquier momento puede ocurrir algo irreparable", declaró a este periódico.

La consejera afirmó también que no podía trasladar a los chicos a los otros cuatro centros de menores extranjeros (CAME) que gestiona su institución porque "no hay ninguna vacante".

La aparente falta de plazas fue la razón que movió al director general del Gobierno autónomo a ordenar el traslado de 40 muchachos del CAI a varios centros de menores españoles, asimismo dependientes del Cabildo. Pero la consejera se negó a cumplir la orden: "Eso sería poner en peligro la integridad física, síquica y moral de los españoles y de los extranjeros", dijo.

En ese momento, muchos observadores relacionaron el escándalo de los menores con la necesidad del líder del PP, José Manuel Soria, de distraer la atención de los casos de corrupción que acosan a su partido en las islas. Y recordaron sus discursos de cuando era alcalde de Las Palmas y enfrentó a los inmigrantes con los canarios.

El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración del Gobierno autónomo, Froilán Rodríguez, no tiene duda: "Está claro que todo este asunto responde a una actitud premeditada para tapar otras cosas.", declaró. "No se puede jugar a política con los menores".

Hechos posteriores han venido a apoyar sus sospechaas. Una inspección oficial llevada a cabo el pasado lunes por el Gobierno canario desmostró que los CAME del Cabildo no estaban completos, como había afirmado Gil, sino que tenían 13 plazas libres. Documentos en poder de este periódico prueban, además, que la institución que preside Soria devolvió al Gobierno autónomo, entre 2004 y 2005, 420.000 euros en subvenciones para atender a los menores extranjeros y construir un nuevo CAI.

El Gobierno canario considera que la decisión del Cabildo de trasladar a los menores del centro a un polideportivo municipal -facilitado por el Ayuntamiento de Las Palmas, también en manos del PP- es inaceptable, porque, además de las 13 plazas libres en los CAME, dispone de otras 50 vacantes en sus centros de menores españoles y de un número indeterminado en dos albergues juveniles. "Esos muchachos no tienen por qué estar durmiendo sobre colchonetas puestas en el suelo, porque el cabildo tiene medios de sobra para atenderlos en condiciones", se indigna Rodríguez.

La noche del jueves, el Gobierno autónomo dio al Cabildo un ultimátum: si en 24 horas no alojaba en condiciones a los muchachos, presentaría un recurso para hacerse cargo provisionalmente de ellos y denunciaría a la institución en el juzgado. El plazo concluyó anoche.