"Andalucía va a gestionar su parte del Guadalquivir"

Jaime Palop llegó a la dirección general de Aguas desde la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuya gestión es la principal reivindicación a día de hoy del Gobierno andaluz. En la entrevista se vislumbra un cambio de posición en el Ministerio de Medio Ambiente, más favorable a traspasar la competencia de lo expresado por su titular, Cristina Narbona, hasta ahora.

Respuesta. ¿En qué situación se encuentran las cuencas andaluzas?

Respuesta. Preocupante. Venimos del año más seco en 125 años a nivel nacional, y se ha iniciado un nuevo año hidrológico en el que hemos pasado tres meses también secos. Nos queda un segundo cartucho de precipitaciones que son las lluvias de invierno-primavera, que pueden cambiar la situación.

"Estamos estudiando si pudiéramos llegar al traspaso de la competencia"

P. ¿Y si falla?

R. Si se produjeran unas lluvias bajas en la cuenca andaluza competencia todavía del Estado (Guadalquivir) se produciría una situación delicada para la agricultura. De una dotación normal tendríamos que quedarnos en un 30%, habría un 70% de recorte. Respecto al abastecimiento de las poblaciones, los grandes sistemas de abastecimiento de la cuenca del Guadalquivir están resueltos, tienen su fuente de suministro que les garantiza el agua y además tenemos alternativas preparadas.

P. ¿Se compensará a los agricultores por el recorte?

R. La agricultura consume el 80% de agua y las poblaciones, un 20%, eso significa que si hay que hacer un esfuerzo habrá que hacerlo en la agricultura. El Gobierno trató de aplicar una filosofía nueva: si había un uso que se iba a beneficiar del agua que la agricultura dejaba de percibir, que ese uso compensara económicamente a la agricultura de las pérdidas. Hasta ahora se le expropiaba el agua y no se le pagaba.

P. ¿Hay inconsciencia en los planes de expansión del regadío teniendo un recurso limitado?

R. Digamos que lo ha habido. El sector regante no es alocado, es bastante sensato. En el Guadalquivir se está modernizando muchísima superficie agrícola y se está ahorrando muchísimo. Aquí existe una inteligencia colectiva y la percepción de que el agua no es del Estado sino un bien colectivo. Son los regantes quienes dicen que no caben más invitados, si meten más comensales no hay suficientes platos en la mesa y vamos a tener crisis, conflictos sociales y problemas económicos.

P. ¿Tiene que limitarse el crecimiento urbanístico según sus necesidades de agua?

R. Los usos del agua necesitan garantía. No podemos permitirnos como país gastar más de la que realmente hay, sea cual sea el uso. No puede ser indefinido el crecimiento de la agricultura ni el urbano. ¿Cuál será el límite? Que no sobrepasemos las disponibilidades de agua. Hay un desarrollo sostenible que tenemos que alcanzar.

P. No parece que ese mensaje cale mucho en algunos municipios. ¿Hay agua para las 600.000 viviendas previstas en 15 años en la Costa del Sol?

R. O dicho de otra forma, si se hacen 600.000 viviendas tendrán que ir acompañadas del consiguiente desarrollo en infraestructuras y gestión de forma que sean compatibles con el suministro de agua y la no degradación de la naturaleza.

P. ¿Lo ve factible?

R. El Ministerio ha sido muy contundente. Para aprobar un cambio del uso del suelo que implique mayor consumo, y en concreto la proliferación de urbanizaciones, antes de aprobar esa transformación se debe contar con un certificado del organismo de cuenca que diga que se dispone de agua.

P. ¿Se podrían paralizar proyectos urbanísticos que no tengan garantizado el suministro?

R. El objetivo del Ministerio no es paralizar, si no que no se pongan usuarios nuevos que aparezcan de repente y perjudiquen sin más a los anteriores.

P. Aunque no sea el objetivo, ¿podrán hacerlo?

R. Hasta ahora no se tenía de forma tan clara y explícita. El que ahora firme que se puede hacer una urbanización sin ese certificado va a firmar una cosa a sabiendas que no es legal.

P. ¿Hay avances en la negociación para traspasar la gestión del Guadalquivir?

R. La Junta está demandando una cosa lógica. El Guadalquivir es el gran río andaluz. El Estado, por su parte, está diciendo que el agua es para hacer políticas de desarrollo territorial que tienen las comunidades autónomas. Si el 90% de la superficie del Guadalquivir está en Andalucía, habrá que buscar una fórmula en la que el papel de la Comunidad sea hegemónico dentro de la confederación. La Administración central tiene un problema añadido, lo que se haga en el Guadalquivir tiene que ser aplicable a otras confederaciones.

P. ¿Ha hallado fórmulas?

R. El compromiso es que Andalucía tiene que ser en el Guadalquivir lo que es ahora la Administración del Estado.

P. ¿Significaría el traspaso de la competencia de la gestión?

R. Estamos estudiando si pudiéramos llegar a ese punto. En el ámbito andaluz debiera ser así, es el objetivo, ahora tenemos que buscar el encaje porque hay un compromiso del Gobierno de que la Constitución no va a ser alterada. El marco de juego es Constitución y Estatuto de Autonomía. La voluntad política la tenemos.

P. En diciembre afirmó que el traspaso de la competencia no era constitucional. ¿Han visto nuevas salidas?

R. No es constitucional si se plantea como que la Confederación del Guadalquivir es una confederación andaluza, porque tenemos que salvar el hecho de que una pequeña parte del territorio no es Andalucía. No tiene ningún sentido que el presidente de la Junta de Andalucía esté decretando cosas en Castilla-La Mancha o Extremadura, ese es el punto de equilibrio en el que tenemos que dar satisfacción a la legítima demanda que hace Andalucía, pero tenemos un supramarco en el que encajar esto y buscar la fórmula.

P. ¿Podrían trocear la cuenca?

R. Habría que buscar técnicas de gestión para que Andalucía pudiera gestionar sobre su territorio y, sin embargo, tuviéramos una unidad suprautonómica que permitiera tener un acuerdo sobre planificación de los recursos y que abarcara más de una comunidad como es el ámbito físico de cuenca hidrográfica.

P. ¿Han consultado con las demás comunidades?

R. Digamos que vamos por etapas. No creo que vaya a haber ningún problema con Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, como son tan residuales, quizá Castilla-La Mancha es más importante porque tiene un complejo petroquímico y una población como Puertollano, pero estamos centrados en Andalucía porque entendemos que tienen razón en su reivindicación, que no es caprichosa, pero lo duro y difícil es darle solución a la demanda que hacen. En la parte andaluza, tiene que decidir Andalucía cómo se desarrolla y emplea el agua del Guadalquivir.

P. Es un cambio de posición respecto a lo que ha mantenido la ministra Cristina Narbona.

R. No, han sido acentos que se han puesto en diferentes partes de la frase. La ministra de Medio Ambiente no hace más que instarme a que busque una solución que satisfaga las exigencias de Andalucía. Un ejemplo similar fue la cuenca del Sur. Durante años no se podía transferir porque había una pequeña rambla que se metía en Murcia, pero al final encontramos la fórmula y, hoy por hoy, es la comunidad la que gestiona esa cuenca. Se nos olvida que entre el ministerio y la comunidad hay una sintonía muy grande, podremos tener nuestras tensiones, pero no me cabe la menor duda que al final la comunidad va a gestionar la parte andaluza del Guadalquivir como si fuera suya y ejerciendo sus políticas de acuerdo al reparto de competencias que marca la Constitución y los Estatutos.