Chaves advierte de que no habrá retrasos en los plazos del Estatuto y pide al PP que se implique

Manuel Chaves apremió ayer al Partido Popular a implicarse en los trabajos de reforma del Estatuto andaluz y a actuar con "autonomía" y sin "condicionamientos políticos" para que el nuevo texto sea aprobado en esta legislatura. El presidente andaluz aprovechó una pregunta del portavoz socialista en la sesión parlamentaria de control al Gobierno para pedir al PP que no se quede fuera de juego, una hipótesis con la que trabaja el PSOE a raíz de la inhibición mostrada por el grupo popular en el debate de la ponencia sobre la financiación y las competencias de la comunidad.

La pregunta del socialista Manuel Gracia a Chaves -la segunda en lo que va de legislatura- tenía como objetivo enviar un mensaje al PP de que la revisión del Estatuto andaluz tiene que someterse a referéndum en 2007, con o sin su participación. "Hay una línea roja que no se puede traspasar, el Estatuto tiene que estar aprobado en esta legislatura", aseguró Chaves. Éste no citó en ningún momento expresamente al PP, aunque era evidente que sus palabras iban dirigidas a los bancos del centro-derecha.

Para Chaves "no es razonable" en que dos asuntos "claves" de la reforma, como los de la financiación y las competencias, haya que esperar a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que estén aprobados los Estatutos de Cataluña o del País Vasco, del que no hay ningún proyecto tras el fracaso del plan Ibarretxe. "Ningún debate estatutario puede supone un freno para nosotros. ETA no pinta nada aquí", dijo el socialista, en alusión a las peticiones expresas de retraso planteadas por los conservadores.

Si la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto andaluz no está aprobada en el primer semestre de 2006 para su remisión, discusión y ratificación del Congreso de los Diputados, "no habría tiempo material de someterla a referéndum", dijo Chaves, cuyo Gobierno baraja celebrar la consulta en febrero de 2007.

El PSOE, como afirmó su portavoz, Manuel Gracia, considera que ha habido un "cambio de actitud" del PP en el debate del "núcleo duro" de la reforma al "inhibirse, distanciarse y no hacer aportaciones" al capítulo de la financiación y al título de competencias. Esa posición "pudiera representar algún elemento de ruptura para el consenso, que no deseamos de modo alguno", subrayó Manuel Gracia. Esta reflexión dio pie a Chaves para hacer una llamada general al consenso: "Es posible llegar a un acuerdo si tenemos la autonomía política necesaria y actuamos por encima de cualquier otro condicionamiento político". Y también, una advertencia: "El consenso no puede significar en ningún caso el ejercicio del derecho al veto".

El PP no dispone en el Parlamento andaluz del número de diputados suficientes para impedir la aprobación por tres quintos (65 diputados) de la proposición de ley de reforma. Tampoco puede bloquear en el Congreso que salga la reforma ya que sin sus votos los socialistas pueden alcanzar alianzas con otros grupos para sumar la mayoría absoluta.

Los socialistas están convencidos de que los populares andaluces están acatando las directrices de su dirección nacional de intentar a toda costa y con cualquier asunto el desgaste del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que, en esa línea, un acuerdo PSOE-PP en Andalucía sobre el Estatuto andaluz podría debilitar esa estrategia de oposición.

En el PSOE se trabaja con la hipótesis de que el PP puede no apoyar la reforma, de ahí que esté intentando trabar alianzas con IU y PA en el título competencial, además de las alcanzadas en la financiación. Los socialistas han mantenido contactos al máximo nivel con los andalucistas, quienes les han transmitido su intención de estar en la foto final aunque prefieren hacer valer su peso a través del trámite de enmiendas en comisión.

En esa estrategia de unión de las fuerzas de izquierda, el PSOE, junto con Izquierda Unida, apoyó ayer una proposición no de ley del PA en la que se apuesta por que las reformas del bloque constitucional se rijan por el "principio de codecisión" que garantice la participación activa de las comunidades cuando se tomen decisiones que les afecten. El Partido Popular, cuyo portavoz, Carlos Rojas, vio tintes "independentistas" en la iniciativa, se quedó otra vez solo, al ser el único que la rechazó.