La Junta advierte de que la decisión no tiene marcha atrás y se aplicará la ley

La consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, dijo ayer que la decisión del Gobierno andaluz de retirar al Ayuntamiento de Marbella las competencias de planeamiento urbanístico y capacidad de celebrar convenios no tiene marcha atrás y cuando entre en vigor la ley (el próximo día 12) se iniciaran los trámites previstos. "Hemos intentado resolver los problemas de otra forma, pero la realidad es contumaz, y en el urbanismo no hay atajos, pensar que se pueden consolidar licencias ilegales es imposible", declaró Gutiérrez.

La titular de Obras Públicas insistió en los pasillos del Parlamento en que el objetivo de la Junta andaluza es que en Marbella haya cuanto antes un plan general que restablezca la legalidad y asegure y "garantice tranquilidad a los bancos, los promotores y usuarios", de forma que cuando compren una vivienda sepan que existe un ámbito legal "y nadie va a perturbar esta situación".

Otro de los objetivos de la Administración autonómica, según la consejera, es que Marbella "vuelva a ser un elemento de referencia del turismo de calidad". Explicó que la ley señala un supuesto, en su artículo 28, para contrarrestar el comportamiento del consistorio marbellí en los últimos 14 años, que ha sido el de consolidar situaciones de ilegalidad, no atender resoluciones jurisdiccionales y dar licencias basándose en una legislación que no existe. A partir de que entre en vigor la ley, se iniciarán el procedimiento específico de garantías: audiencia al Ayuntamiento, el informe del Consejo Consultivo de Andalucía y la resolución en sentido positivo del Parlamento andaluz.Concha Gutiérrez agregó que, según el informe profesional del plan general que hizo el equipo del arquitecto González Fustegueras, el 80% de las anomalías de Marbella se pueden solucionar por la vía del urbanismo, ya que lo que falta es una petición, una contribución o un expediente. "Pero un 15% es nulo de pleno derecho, y ahí hay que estar a lo que digan los tribunales y demoler si así lo dicen", advirtió.

Respecto a las críticas del PP y de otros grupos de que se ha actuado tarde, la consejera afirmó que es en marzo de 2003 cuando por primera vez hay un reconocimiento jurisdiccional sobre las ilegalidades, y a partir de esa fecha es cuando la Junta empieza a actuar hasta modificar la ley. "Durante 14 años la única institución que ha trabajado en contra de las licencias ilegales del Ayuntamiento de Marbella ha sido la Junta y los vecinos afectados, que han visto cómo han invertido todos sus ahorros pensando que tendrían una calle o un parque para pasear a sus hijos y se ha encontrado con un monstruo de edificación", declaró.

Gutiérrez añadió que no ha visto en todo este tiempo al PP presentar ninguna denuncia ni acudir a los tribunales, "más aún, en las comisiones provinciales ha tenido una actitud de respaldo a las actuaciones de Jesús Gil".

Respecto a si la situación de Marbella sería extensiva a otros municipios, dijo que la "inmensa mayoría" de los ayuntamientos actúa conforme a la legalidad, aunque hay casos que, por la escasez de medios para atajar las situaciones ilegales de los particulares, se crea un cuerpo de inspección que busca la colaboración, siempre de "acuerdo con los ayuntamientos".

Concha Gutiérrez recordó que este apoyo lo solicitó la propia Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP).