Viviendas desprotegidas
Los ayuntamientos venden en subasta pública el suelo donde deberían construir viviendas sociales y para purgar sus culpas dedican la calderilla de las plusvalías a subvencionar los alquileres de las familias humildes a las que no ofrecen una casa. Se ha cambiado el derecho a una vivienda digna por la beneficiencia, cuya lista de necesitados está engordando tanto que los alcaldes lamentan hacer frente a gastos sociales por competencias que no les corresponden. El problema de la financiación de los ayuntamientos es un hecho incuestionable, pero jamás debería ser la excusa para perder la ideología.
Antes de que la economía se vaya al traste con la Ley del Suelo de la Junta, habría que hacer una reflexión. Todo es discutible, salvo la necesidad de que cada ciudadano logre un puesto de trabajo sin morir en el intento y tenga luego una vivienda donde poder caerse muerto. No es mucho pedir que estos dos derechos estén equiparados al que tienen otros de seguir forrándose con el ladrillo. O al que tienen los alcaldes de modernizar y ofrecer futuro a su pueblo, para de camino obtener unos años extras en el cargo. En ese ámbito, debería situarse la obligatoriedad de que un 30% de los terrenos urbanizables se destinen a viviendas protegidas y que con ello el modelo de desarrollo no caiga en el abismo. En 1994 el entonces consejero socialista de Vivienda, José Antonio Maturana, sacó adelante en la cámara vasca una ley que obligaba a destinar a VPO un 65% de los suelos urbanizables. A raíz de esta norma, se alcanzó una media de 34 pisos sociales por cada 100 construidos y no hay constancia de que la economía del País Vasco se fuera a pique. No parece, por tanto, que las propuestas del gobierno andaluz, tan enmendadas por su propio partido, obedezcan a una ida de olla de la consejera Gutiérrez.
Las viviendas protegidas están desprotegidas en los presupuestos municipales. Se prometen todos los años, pero se hacen pocas. El ayuntamiento de Málaga adjudicó en 1997 a Ferrovial las obras de 59 viviendas de VPO. La empresa reclamó más dinero para ejecutarlas y paralizó los trabajos. El consistorio rescindió el contrato. Tras ocho años de litigio, hace dos semanas se volvió a adjudicar la obra y curiosamente otra vez a Ferrovial. Pero con una suculenta mejora: 600.000 euros más. Esperando su piso están medio centenar de familias que van a cobrar el premio con diez años de retraso. Las 59 viviendas lucen en todo su esplendor en las inversiones del Ayuntamiento para 2006. Y no están solas, hay otras cuatro promociones que también empezaron a gestarse en 1997. La apuesta por la VPO para el año que viene en Málaga es espectacular: 5.392 casas protegidas. Pero de ellas, poco más de medio millar es una nueva promesa. Las restantes están a punto de alcanzar la categoría de históricas sin haberse colocado la primera piedra.
Allí donde pone Málaga, ponga el nombre de cualquier municipio y multiplique por diez las VPO prometidas. Les saldrá el número de viviendas de renta libre ejecutadas y lo que ha crecido el presupuesto municipal del respectivo ayuntamiento. Ahora reflexione: ¿Cuál es en realidad el tipo de vivienda oficialmente protegida?
