Fabra niega ante la juez haber falsificado sellos y documentos

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, negó ayer, ante la titular del Juzgado número 2 de Nules, su participación en la falsificación de sellos y analíticas que formaban parte de la documentación de solicitud de licencias de fabricación de fitosanitarios que fueron puestos en el mercado por Artemis 2000, la empresa de la que es socia su esposa, Amparo Fernández. Fabra aseguró ignorar esta práctica, que fue denunciada por el empresario Vicente Vilar.

Vilar, que ha denunciado a Fabra por cobrar supuestamente a cambio de ejercer su influencia política para que autorizaran sus productos fitosanitarios, mantuvo que el dirigente popular conocía las falsificaciones de análisis y sellos y que incluso aportó, a través de su chófer, los primeros tampones falsificados. El presidente provincial del PP de Castellón dijo ayer: "Me he enterado por la prensa".

Fabra acudió al juzgado, por tercera vez, para hacer frente a la tercera de las imputaciones judiciales que se mantienen contra él, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra Administración pública, un presunto delito fiscal y otro por falsedad en documentos. Las tres imputaciones están divididas en dos causas diferentes y el interrogatorio al que se tuvo que someter ayer se centró a la acusación formulada por Vilar, cuya ex esposa, Monserrat Vives, era socia de la mujer de Fabra en la empresa Artemis.

Respuestas al fiscal

El presidente de la Diputación de Castellón, al contrario que en la anterior ocasión en que acudió al juzgado, no se negó a declarar, pero sólo respondió a las preguntas que le formuló el fiscal anticorrupción, Daniel Campos. El fiscal, en un breve interrogatorio, le preguntó tanto por su supuesta participación en la falsificación como por su posible conocimiento de estas falsificaciones. Fabra lo negó todo. Tampoco admitió su presencia en dos reuniones que, según Vicente Vilar, mantuvieron ambos con el director general de Agricultura del momento, Rafael Milián, y con el subsecretario del mismo departamento, Manuel Lamela. El empresario, que también está imputado por presunta falsedad de documentos, aseguró que en dichas reuniones se entregó a los que ahora son ex altos cargos del Ministerio de Sanidad 18.000 y 240.000 euros, respectivamente, con el fin de que "colaboraran" en el intento de agilizar la concesión de autorizaciones de fabricación de fitosanitarios. A lo que Fabra no respondió con tanta rotundidad, según fuentes del caso, fue a su supuesta participación en la reunión en la que un grupo de asesores, entre los que se encontraba un ex alto cargo de Agricultura, sugirieron la opción de falsificar la documentación para tener mayores garantías de concesión de las licencias. El presidente de la Diputación de Castellón dijo recordar algún encuentro pero no fue capaz de dilucidar si fue en el Hotel Palace de Madrid, tal como sostiene el empresario, ni las personas que participaron en él.

Fabra llegó a los juzgados minutos antes de la hora a la que estaba citado y, en esta ocasión, contó con menor apoyo presencial que en otras ocasiones. Ayer no acudió su esposa, quien también está imputada en la misma causa, pero el líder del PP de Castellón estuvo acompañado por la menor de sus hijas y por su hermano. Alrededor de cuarenta minutos después de que entrara en la sala de vistas, el dirigente popular salió del palacio de justicia y declinó hacer cualquier tipo de declaración o comentario sobre el interrogatorio.