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El Consell exige que un vicepresidente de Bancaja declare en fiscalía si busca financiación al PSPV

El portavoz critica al fiscal del TSJ y elude valorar la supuesta corrupción de cargos del PP

El Consell, a través de su portavoz Esteban González Pons, arremetió ayer contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, al que acusó de actuar partidariamente al interesarse por los casos que afectan a cargos del PP. González Pons exigió que Cabedo llame a declarar al vicepresidente de Bancaja, Josep María Cataluña, junto al líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, para que aclaren las afirmaciones del portavoz socialista de Orihuela, Francisco García Ortuño, que aseguró que ambos habían ido a pasar "la bandeja" a los empresarios del municipio. El portavoz del Consell, que multiplicó sus críticas al Gobierno, evitó comentar los casos de corrupción relacionados con el PP.

Esteban González Pons, en nombre del Consell, arremetió ayer contra el fiscal del TSJ y un vicepresidente de Bancaja y redobló los ataques contra los socialistas para intentar frenar el desgaste que supone la proliferación de asuntos judiciales que afectan a destacados cargos públicos del PP. El detonante de las descalificaciones fue una pregunta sobre la actuación de la fiscalía en una denuncia interpuesta contra el alcalde de Tavernes de Valldigna, el popular Eugenio Pérez Mifsud, por utilizar información privilegiada en la compra de terrenos.

El portavoz del Gobierno valenciano vinculó a Ricard Cabedo con el partido socialista y señaló que su nombramiento ya se vio como el de una "persona que iba a hacer una función más política que judicial". "Me gustaría comprobar que mide por igual a todos los partidos políticos", dijo González Pons, que añadió: "Estoy esperando a que el fiscal llame a Joan Ignasi Pla, a Pepe Cataluña y al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela". El consejero insistió en que Cabedo debe indagar si hay "corrupción" en la financiación del PSOE y si Pla "ha sacado algún dinero" de sus reuniones con los empresarios de Orihuela.

Tras sus manifestaciones sobre el vicepresidente de Bancaja, González Pons fue interpelado sobre si pensaba que el fenómeno de la corrupción también debería ser analizado en el seno de la entidad de ahorro. "No. He mencionado a Pepe Cataluña [vicepresidente de Bancaja y ex secretario de Administración del PSPV] porque no me cabe duda de que si fuese del PP [el fiscal] lo llamaría".

En la misma comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, el portavoz eludió valorar la declaración del presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, como imputado de un delito de falsedad en documento.

Respecto al caso Ivex, González Pons insistió en que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando "quién será el sujeto jurídico que presentará la querella" contra el ex delegado del Ivex en Miami José Marquina. Este antiguo cargo del Ivex denunció que en el citado organismo de la Generalitat se habían pagado facturas falsas para pagar en paraísos fiscales parte del contrato de promoción con el cantante Julio Iglesias.

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En la denuncia contra Terra Mítica por formar parte de una trama de facturas falsas, el consejero insistió en que el parque es "la parte perjudicada" de la supuesta defraudación y recalcó que es el consejo de administración del complejo de ocio quien debe aclarar las dudas.

Manuel Mata, portavoz de la ejecutiva del PSPV, indicó que los plenos del Consell "se están convirtiendo en un espectáculo de circo" y recordó que García Ortuño está expulsado del PSPV.

Colaborar y criticar

Centrado en el debate presupuestario y en cómo acabar con el runrún sobre la corrupción, la reunión semanal del Gobierno valenciano limitó al máximo el número de asuntos tratados. En total, las 10 consejerías presentaron una docena de convenios con otras Administraciones y entidades de distinto signo para su aprobación. Además de dar luz verde a los convenios, "ratificaron" la aprobación de inversiones en mejora de regadíos por importe de 11,8 millones de euros; declararon protegidos dos montes de Castellón (260 hectáreas); regularon la creación de la Comisión Mixta Autonómica de la Protección de la Colombicultura y del Palomo Deportivo; aprobaron el plan estratégico de la vid; y declararon urgente la ocupación de los terrenos necesarios para construir la ronda de Anna.

Ante este panorama -que incluyó el nombramiento de la directora general de la oficina de la Generalitat en Madrid y el relevo en la dirección general del Impiva-, el portavoz del Consell, Esteban González Pons optó por criticar al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El consejero comparó al presidente del Gobierno con Primo de Ribera y lo acusó nuevamente de discriminar a la Comunidad Valenciana en los presupuestos del Estado y en la política de infraestructuras.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana tampoco se fue "de rositas" y fue criticado por sus actuaciones en materia de seguridad.

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