Los 200 alcaldes del PSC reclaman a Maragall que refuerce la política social

Aprobada la tramitación del proyecto de reforma del Estatut en el Congreso, los alcaldes socialistas catalanes salieron ayer al paso para reclamar al Gobierno de la Generalitat que asuma su compromiso, reflejado en el Pacto del Tinell, de reforzar las políticas sociales, sobre todo en materia de educación, y las de intermediación para resolver los problemas de convivencia en las ciudades.

En nombre de los más de 200 alcaldes del PSC, reunidos ayer en la sede del partido en Barcelona, el responsable de política municipal, presidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, se mostró satisfecho en rueda de prensa por la "sensibilidad hacia el mundo local" que "ha demostrado tener el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero". Recordó en este sentido que el Ejecutivo central ha aumentado en un 13% la partida de los Presupuestos Generales del Estado en concepto de transferencias a los municipios.

El alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios, Manuel Bustos, pidió también al Gobierno catalán, en concreto al consejero de Gobernación, Joan Carretero, que dé muestras de "consenso y diálogo con el mundo local", al igual que los ha habido, dijo, para aprobar "con éxito" el Estatut. Corbacho lamentó que el texto haya eclipsado hasta ahora la acción del Gobierno catalán. "Ahora hay que gobernar", advirtió.

El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat defendió además el papel de los municipios a la hora de administrar la seguridad de los barrios y apostó por abordar los problemas derivados del incivismo desde "la disciplina de las normas, pero también y sobre todo desde las políticas sociales", porque si no "pasa lo que pasa", en referencia a las revueltas urbanas que se han sucedido en la periferia de París.Los alcaldes del PSC se reunieron ayer para, según Corbacho, "poner en común las prioridades y las políticas municipales, atendiendo que llega el final de mandato en 2007". El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat y el alcalde de Sabadell se mostraron satisfechos por el proyecto "ambicioso" del Estatuto y ambos coincidieron también en reclamar una acción de Gobierno de marcado carácter social. Para Corbacho, los presupuestos que la Generalitat elabore para el próximo año han de tener como prioridad "la intermediación, la educación y las becas de comedor".

Para Bustos, la Ley de Barrios es un ejemplo de la incidencia de las políticas sociales en el ámbito local. Al tiempo, reclamó del consejero de Gobernación, el republicano Joan Carretero, que escuche más a los municipios y pacte con ellos los grandes asuntos locales: "Queremos en especial que Carretero tenga en cuenta la voz local a la hora de aplicar políticas sociales", afirmó.

La demanda de los alcaldes socialistas retoma una de las prioridades políticas del Pacto del Tinell, que alumbró el tripartito catalán. Ya en mayo, ante la creciente incidencia mediática del proyecto de Estatuto, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, anunció un ambicioso plan de "reforma social" con el objetivo de convertir a "Cataluña en un país más próspero y cohesionado".

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La Ley de Barrios se presentaba entonces como una medida para "mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que residen en los entornos urbanos más frágiles". Entretanto, la repercusión de la actuación del Gabinete que preside Maragall se ha centrado en el debate estatutario y, últimamente, en el intento frustrado de remodelarlo.

Asimismo, la Generalitat anunció el jueves un plan de inversiones en equipamientos sanitarios. La consejera de Salud, Marina Geli, presentó el proyecto junto a Maragall, que reconoció que, tras la admisión a trámite de la reforma estatutaria, ahora toca explicar a la ciudadanía la acción de Gobierno del tripartito, para el que la sanidad y la educación son prioritarios. También la consejera de Bienestar Social, Anna Simó, presentó la futura ley de Servicios Sociales de Cataluña, la primera de todo el Estado que garantizará el acceso universal de una centena de prestaciones con independencia de la renta personal.

El consejero de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Joan Saura, defendió ayer que en la Generalitat "hay acción de Gobierno", aunque admitió que "el debate del Estatuto la ha tapado en parte, y la seguirá tapando" cuando la Comisión Constitucional del Congreso empiece a trabajar. Saura aseguró, sin embargo, que "poco a poco se pondrá en evidencia la existencia de políticas públicas clarísimas". En una entrevista en Ràdio 4, el consejero destacó que el Ejecutivo catalán ha impulsado "un espacio de dirección colectiva y más coordinación" y que, aunque "todo es mejorable", la acción del tripartito "responde al pacto del Tinell".

Saura confesó: "Hay dos cuestiones que no me han gustado de este Gobierno: los excesivos ruidos, que a menudo no tenían que ver con la acción de Gobierno, y el hecho de encontrar en los diarios, al día siguiente, determinadas conversaciones o reuniones de carácter no político".