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Gallardón instalará 26 videocámaras en la plaza Mayor para vigilar a los transeúntes

El órgano controlador impone cinco condiciones para garantizar la intimidad de los vecinos

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a la instalación de 14 cámaras fijas y 12 móviles en la plaza Mayor por iniciativa del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), para controlar este espacio público y prevenir la comisión de hechos delictivos. La comisión, sin embargo, impone diversas condiciones al Ayuntamiento para preservar "la intimidad personal y familiar" de quienes viven en la zona. Este sistema de videovigilancia ya existe en el casco histórico y en el eje comercial de Lleida desde 1991.

El gobierno municipal de Madrid dio luz verde en junio pasado a la instalación de 26 cámaras de videovigilancia en todo el perímetro de la plaza Mayor para "combatir la delincuencia". Pero la medida, según admitió entonces el edil de Seguridad, Pedro Calvo, no se pondría en marcha hasta "primavera o verano de 2006", porque antes tenía que ser autorizada por la Delegación del Gobierno y consultada la Comisión de Garantías de Videovigilancia, dirigida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Madrid sólo tiene en la actualidad una zona pública vigilada con cámaras: el Museo al Aire Libre bajo el puente de Eduardo Dato. En el casco histórico y el eje comercial de Lleida, este sistema se instaló en 1991. Según el Ayuntamiento, los hechos delictivos se redujeron un 70%.

La Comisión de Garantías se reunió el pasado 11 de octubre para deliberar sobre la solicitud municipal de Madrid. Tras evaluar los pros y los contras, la comisión ha resuelto autorizarla. No obstante, impone a Ruiz-Gallardón cinco condiciones "imprescindibles" para garantizar lo establecido por la ley. La visión de las cámaras debe acotarse al viario y espacios públicos. Su capacidad de movimiento y grabación también debe limitarse a esos espacios. El Ayuntamiento debe identificar a la persona encargada de su uso y supervisión. Los viandantes deben ser informados de la existencia de las cámaras y, por último, antes de su puesta en marcha se realizará una comprobación técnica de que se han tomado las cautelas establecidas por esta Comisión de Garantías de Videovigilancia, supervisión que, además, podrá ser realizada por miembros de la misma.

Tras recibir este dictamen, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, ha enviado un escrito al concejal Pedro Calvo en el que le comunica la resolución y le da permiso para que proceda a la instalación de las 26 cámaras cumpliendo todos los requisitos impuestos por la Comisión de Videovigilancia.

Las cámaras podrán captar imágenes durante las 24 horas del día, pero no grabar sonido. Las imágenes serán transmitidas digitalmente -sin necesidad de cable- hasta un centro controlado por la Policía Municipal. Las grabaciones, en caso de no tener utilidad a efectos de investigación judicial, tendrán que ser destruidas en el plazo de una semana, según ha establecido el delegado del Gobierno.

Paneles de aviso

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Todo el sistema tendrá un coste de 170.000 euros para las arcas municipales, según los estudios realizados por la Concejalía de Seguridad. Además, como estipula la ley correspondiente, el Consistorio tendrá que instalar paneles alertando a los viandantes de que se hallan en una zona controlada mediante cámaras. El Ayuntamiento ha determinado hacerlo mediante 10 paneles que estarán colocados en los accesos a la plaza Mayor a través de las calles de La Sal, Zaragoza, Gerona, Botoneras, Toledo, Arco de Cuchilleros, Ciudad Rodrigo, Siete de Julio, Arco de Triunfo y Felipe III.

El Ayuntamiento calcula que en días laborables transitan unas 12.000 personas por la plaza Mayor. Esta cifra se incrementa de forma notable durante los fines de semana y periodos vacacionales, de forma que la plaza y sus soportales llegan a estar repletos de paseantes. Esto "facilita la comisión de actos delictivos, especialmente de sustracciones al descuido, lo que genera una evidente sensación de inseguridad subjetiva", según fuentes municipales.

Las asociaciones de vecinos y comerciantes de la plaza Mayor se han dirigido en repetidas ocasiones al Ayuntamiento de Madrid para solicitar la instalación de estas cámaras. La Oficina Municipal de Turismo existente en esta plaza es uno de los objetivos predilectos de los carteristas.

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