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Andalucía ganaría más de 150 millones con la cesión del 50% del IRPF a las autonomías

Chaves asegura que la fórmula que baraja el Gobierno es una "vía que se puede explorar"

La alternativa que baraja el Gobierno central para mejorar la financiación de las comunidades autónomas supondrá que Andalucía aumente sus recursos en más de 150 millones de euros, según las estimaciones de la Junta. El Ejecutivo central baraja elevar la participación de las comunidades en el IRPF del 33% a, al menos, el 50%, aunque se reserva la recaudación íntegra del IVA. En la actualidad, las autonomías reciben el 35% de los que se ingresa por el IVA. La Consejería de Economía empezó a estudiar esta propuesta, que el presidente andaluz, Manuel Chaves, cree que es una "vía que se puede explorar".

El sistema de financiación autonómica vigente se basa en una cesta de impuestos compuesta por el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos). Las comunidades que no tienen recursos suficientes para pagar las competencias que ejercen con sus ingresos tributarios reciben un dinero complementario del llamado fondo de suficiencia.

La primera simulación realizada por la Junta apunta que si las comunidades aumentasen su participación en el IRPF del 33% al 50% y se eliminase su participación en el IVA, Andalucía ganaría 155 millones de euros (ver cuadro adjunto). Esta propuesta, sin embargo, significaría que todas las comunidades tendrían que recibir dinero del fondo de suficiencia, con lo que se reduce su autonomía financiera. En la actualidad, Madrid y Baleares son las únicas comunidades que se financian con sus ingresos tributarios. Fuentes de Economía destacaron que, en cualquier caso, la fórmula que baraja el Gobierno supondría más recursos para Andalucía.

Chaves afirmó ayer que no tenía constancia de que haya una propuesta firme del Gobierno en este sentido, aunque mostró su disposición a "explorar" esta vía para mejorar la financiación de las autonomías. Fuentes del PSOE mostraron su contrariedad por el hecho de que el Ejecutivo abra la discusión de la financiación autonómica en pleno debate sobre las reformas estatutarias.

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