Pasos firmes hacia la gestión privada de la salud

La Consejería de Sanidad no deja de dar pasos en el camino de la privatización de servicios sanitarios. El último ha sido la cesión a la empresa Beanaca, que gestiona el hospital de Benidorm y es concesionaria de los diagnósticos por resonancia en la provincia de Alicante, de toda la atención oncológica a los enfermos de la comarca de la Marina Baixa. Mientras que el consejero del área, Vicente Rambla, defiende la externalización de servicios por el aumento de eficiencia, la oposición censura el aumento del gasto que supone esa política en un servicio con graves problemas de financiación.

"Con el dinero público, permites al sector privado alcanzar tecnología y conocimientos"

El proceso ha sido progresivo en el tiempo y gradual en intensidad. El estreno fue el Plan de Choque, el remedio coyuntural para acabar con la lista de espera que con el paso de los años se ha convertido en un programa fijo. La idea era ofrecer a los pacientes que tenían que someterse a intervenciones relativamente poco complejas la opción de operarse en clínicas privadas. Eso sí, si rechazaban la invitación, volvían al final de la lista de espera pública. La medida se puso en marcha en 1996, sólo un año después de que Eduardo Zaplana cruzara la puerta del Palau de la Generalitat.

Tres años después llegaría la gran apuesta sanitaria del PP: la entrega al sector privado de la gestión de un hospital de acceso público. El elegido fue el hospital de La Ribera y la empresa encargada, una unión liderada por Adeslas y participada por Bancaixa y la CAM. La fórmula cedía a una empresa la atención hospitalaria de 230.000 personas. Poco después, en 2003, se completó el modelo con la atención primaria para "combatir imperfecciones", según Sanidad. Desde entonces, la salud de todos los habitantes de la comarca depende de los gestores privados. Bajo esta fórmula conjunta de ceder en bloque la atención primaria y especializada, el Consell ha extendido el modelo a la zona de Torrevieja, Dénia, ambas en proceso, y a otros centros por determinar.

En 2001, la consejería dio un paso más. La red sanitaria pública estaba escasa de tecnología puntera en diagnóstico. Sólo tenía un equipo de resonancia magnética en un hospital, el Doctor Peset. Curiosamente fue el primer hospital público en contar con un equipo de estas características, un honor que sigue ostentando. En lugar de dotar de equipos de resonancia a los hospitales públicos, Sanidad optó por convocar un millonario concurso para ceder el servicio a empresas privadas. Las firmas podían introducir los aparatos, de su propiedad, en los hospitales, pero su uso quedaba vetado a los especialistas de los servicios de radiología, ya que era el personal de las empresas el que estaba a cargo de los equipos.

El último episodio de este proceso ha sido la decisión de atender a los pacientes oncológicos de La Marina Baixa en el hospital privado de Benidorm que hasta ahora se trataban en el hospital de Sant Joan en Alicante. Sanidad ha preferido esta opción en lugar de crear un servicio de oncología en el hospital de La Vila Joiosa.

Todos estos movimientos responden a la intención de "poner todos los recursos tanto públicos como privados a disposición del paciente sin coste añadido para él", según la Consejería de Sanidad. Este departamento atribuye al sector privado virtudes como la rápida capacidad de reacción o la rapidez en actualizar equipos, de la que anda necesitada la estructura pública. En el caso de las resonancias, por ejemplo "en lugar de 8 a 15 funcionan las 24 horas del día". La decisión de ceder el tratamiento oncológico -diagnóstico, radio y quimioterapia- se decidió por entender que era "más racional" que la gestión la realizara un servicio ya establecido como el del hospital de Benidorm, que "tener que comprar equipos y montar aparatos de alta tecnología empezando de cero". Así, "siempre que no haya gasto añadido y que el modelo esté sujeto a controles", el Consell "seguirá apostando por este modelo".

Para el PSPV, sin embargo, la baza económica no es tal. La responsable de Sanidad, Encarna Llinares, apunta a lo sucedido con las resonancias, para rebatir las bondades de la supuesta racionalización del gasto. El contrato con las adjudicatarias preveía un gasto de 70,5 millones de euros entre 2001 y 2004 que al final ha subido a 111,2 millones. Con la privatización se ha disparado el ritmo de diagnósticos un 176%, mientras que la media en toda España ha subido el 33%. El sobrecoste ha sido tal que el propio consejero de Sanidad, Vicente Rambla, anunció la semana pasada que está estudiando una fórmula de facturación cerrada de forma que no se pague por pruebas sino por población atendida. A pesar de ello, defendió que el modelo de externalización "está dando muy buenos resultados desde el punto de vista del paciente".

Pero las resonancias son sólo una parte de los conciertos de la consejería. En el año 2000, Sanidad destinó a este apartado 111,7 millones de euros. Cuatro años más tarde la cifra fue de 191 -de los que 34,6 fueron a las adjudicatarias de los equipos de resonancia-, según las respuestas parlamentarias recopiladas por el PSPV. "Todos los datos apuntan a un aumento escandaloso de la externalización", comenta la diputada, "muy por encima de los que se comprometen en los presupuestos". "Para nosotros, la rentabilidad del sistema pasa por rescatar para la sanidad pública servicios concertados como los TAC, la hemodiálisis o las resonancias", añade, para precisar: "No sería de un día para otro".

Además del gasto, el PSPV ve otros dos problemas en la externalización. Por un lado, la falta de transparencia que se refleja en el hecho de que, por ejemplo, no se sepan las cuentas del hospital de Alzira ni sus indicadores, en contra de lo que pasa con los centros públicos. Por otro, el problema que supone que al ceder la tecnología al sector privado se impide a los médicos de la red pública desarrollar conocimientos vinculados a las técnicas punteras en su especialidad.

A este aspecto se refiere también Alfred Botella, de Esquerra Unida. "Se da la circunstancia de que con el dinero público, permites al sector privado alcanzar tecnología y conocimientos que de otra forma no podría mientras impides a tus médicos esta formación y; además, todo ello te sale más caro que si invirtieras en la red pública". Para Botella, el proceso de externalización responde a una estrategia que se planteó el PP ya desde su llegada al poder en 1995 dirigida a "alimentar" a los centros privados a través de conciertos en perjuicio de las inversiones públicas. "Era un objetivo a largo plazo, ya que no se desmantela la estructura de una red sanitaria de la noche a la mañana; pero lo están consiguiendo". Para EU, el horizonte final que se ha marcado el PP es ceder todo aquello que sea rentable al sector privado y limitar lo público a servicios deficitarios. "Llegará un momento en que habrá que pagar por todo lo cedido a la gestión privada y lo público se limitará a un servicio sociosanitario residual".

Ahora, la incógnita es saber cuál será el próximo hospital de gestión privada y qué nuevo servicio se desgajará de la red pública.