Prisiones rechaza reagrupar a los presos de ETA y ceder las competencias al País Vasco

Ni acercamiento o reagrupamiento de los presos etarras en el País Vasco ni transferencia de las competencias de prisiones al Gobierno de Euskadi. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, le confirmó ayer al consejero de Justicia vasco, Joseba Azkarraga, la negativa a ambas peticiones, que ya había transmitido la víspera al PNV y EA el ministro del Interior, José Antonio Alonso. Éste fue el que se llevó las críticas de Azkarraga, quien lo acusó de negarse a ceder "sin justificación y por razones políticas" competencias recogidas en el Estatuto vasco. Incluso lo llamó "mezquino".

La reunión que ayer celebraron en Madrid Azkarraga y Gallizo era, fundamentalmente, para abordar la situación del centro alavés de Nanclares de la Oca (donde han muerto seis presos en nueve meses) y, de paso, plantear el traspaso de las competencias. El consejero, como reconoció Gallizo, "dejó claro desde el principio que el Gobierno vasco quiere que se le transfiera la competencia de prisiones". Y desde el principio le dijo no. "Le he contestado que no hay ninguna previsión de hacer esa transferencia al País Vasco ni a ninguna otra comunidad, porque la estamos ejerciendo con eficacia y rigor".

Azkarraga le planteó a Gallizo que la situación de Nanclares no podía abordarse sin hablar de las transferencias. "Nosotros lo que pedimos es soluciones a quien tiene la competencia y, además, que nos la traspase", dijo. El consejero insistió en que el Estatuto de Gernika recoge en su articulado la asunción de las competencias penitenciarias. "Pero se nos niega el traspaso sin justificación y por razones políticas. No podemos aceptar que no se haga la transferencia por una decisión unilateral basada en el cálculo político", añadió.

Dicho esto, cargó contra el ministro del Interior: "Estamos decepcionados, muy decepcionados, con las declaraciones de Alonso en el Congreso". Azkarraga se refería a la contestación en tono interrogativo que Alonso le hizo a su compañera Begoña Lasagabaster (EA): "¿Qué nos preocupan, los muertos o las competencias?". "Los jueces como Alonso", abundó el consejero, "que pasaban por progres, pierden la sensibilidad cuando llegan al poder y, ahora, se saltan la ley a la torera. No esperaba una posición tan mezquina".

El consejero también insistió en la petición de su Gobierno de acabar con la política de dispersión de presos etarras, y Gallizo reiteró el no del suyo. Azkarraga explicó su solicitud como un paso para la solución al conflicto vasco, un gesto hacia el mundo de ETA. "Si queremos dar pasos en este momento político nuevo, tenemos que darlos todos para humanizar el conflicto de forma que pueda hacer moverse a otros dentro de este proceso imparable", señaló. Pero Gallizo dejó claro que la política de dispersión de etarras se iba a mantener y que también se aplica a los presos por terrorismo islamista.

La directora general dejó sentado que el Gobierno dispersa a los presos etarras y que, como necesita utilizar todo el sistema penitenciario, la consecuencia es el alejamiento de esos reclusos del País Vasco y Navarra. "Como eso es una consecuencia y como no hay variación alguna en la política de dispersión, esos presos van a seguir dispersos por las cárceles españolas", agregó. Las razones: "Favorece el control de estas personas y evita posibles actividades delictivas en los centros".

Quedaba Nanclares. Azkarraga reconoció que el departamento de Gallizo se había "movilizado" ante el problema de ese centro, con la puesta en marcha de planes de choque. La directora admitió que las infraestructuras penitenciarias vascas están "bastante obsoletas". Por ello, pretende que en el plan de centros que va a presentar en breve se aborde la situación de esos penales y, especialmente, la sustitución del de Martutene (San Sebastián) por otro centro. Por otra parte, el director de la cárcel de Nanclares de la Oca declaró ayer, como testigo, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria por las presuntas coacciones sexuales que sufrieron dos reclusas del centro en 2004. Como imputado, prestó declaración, asistido por el abogado del Estado, el subdirector de seguridad que dimitió de su cargo desde que se presentaron las denuncias, informa Txema G. Crespo. El ex subdirector atribuyó las denuncias a una investigación que llevaba en aquel momento sobre el tráfico de drogas en la prisión, del que acusa a las reclusas.