Después del duelo

Con el funeral de Estado celebrado ayer finaliza el duelo oficial por los 17 militares fallecidos el pasado martes en Afganistán. La participación, junto a los Reyes y los Príncipes, de representantes de todas las instituciones y partidos democráticos, en un acto de gran dignidad, refleja el apoyo de la sociedad española a sus Fuerzas Armadas, que no depende del signo político del Gobierno de turno. La actitud de la oposición se ha movido en la duda de mantenerse en una obligada moderación y la tentación de establecer paralelismos imposibles.

Es el momento ahora del análisis de las causas de un episodio tan grave, y también de reafirmar el apoyo a las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Ocasión para ello habrá en la comparecencia parlamentaria, el miércoles próximo, del ministro de Defensa, José Bono, para informar de los resultados de la investigación sobre las causas del hecho. Mientras no se conozca el contenido exacto de ese informe, resulta absurdo sembrar sospechas o exigir claridad, como si hubiera alguna base para pensar que existe interés en ocultar algo. Accidente o ataque, en ambos casos sería el resultado de la implicación del Ejército español en misiones de naturaleza militar. Una implicación que está amparada por resoluciones votadas por amplia mayoría en el Congreso, y respaldada también, según encuestas solventes, por la mayoría de la población española.

Se entendería que quienes estuvieron en contra consideraran que lo ocurrido les daba la razón. No se entiende en cambio que quienes votaron a favor de la implicación española insinúen que el Gobierno está tratando de ocultar los peligros de la misión, o su naturaleza militar. El riesgo de accidente es un componente de estas misiones. Medio centenar de soldados estadounidenses han fallecido en los tres últimos años en Afganistán a causa de accidentes de helicóptero similares. Portavoces del PP han dicho estos días, con demasiado énfasis, que la misión era peligrosa, que el Ejército "no es una ONG". Sin embargo, quedó claro en el debate del 22 de junio, en el que se autorizó el envío del batallón de los 17 fallecidos a Afganistán, que existían riesgos. Tampoco cabe criticar al Gobierno por falta de reflejos frente al siniestro. El ministro de Defensa y el presidente del Gobierno reaccionaron con rapidez y acierto, en particular en la relación con las familias y compañeros de las víctimas.

Rajoy ha pedido "menos alardes gestuales y más sobriedad". Es cierto que el ministro Bono podía haberse ahorrado algunos gestos, pero es abusivo identificar ese estilo populista con falta de "seguridad y firmeza". El ministro ha hecho lo que debía, ha actuado con profesionalidad y rigor y ha evitado los incomprensibles errores que provocaron la desgracia de su antecesor tras el accidente del Yak-42, en el que perecieron 62 militares españoles. No fue Bono, sino el portavoz del PP, Zaplana, quien puso sobre la mesa ese antecedente al decir (un tanto farisaicamente) que su partido no culparía de la desgracia al Gobierno, "como hicieron otros". La oposición de entonces acusó a los responsables de Defensa en 2003 de negligencias en la organización del viaje y en la identificación de los cadáveres, y ambas cosas tras denuncias de los familiares de las víctimas. La comparación resulta, por ello, improcedente.

Como lo son los intentos de equiparación con Irak. El mensaje es que los socialistas son incoherentes al retirarse de Irak y mantenerse en Afganistán, pese a que también implica un alto riesgo para nuestros soldados; y que Zapatero pretende compensar con el exceso de celo en el segundo país, la retirada apresurada del primero. Sin embargo, de lo que se trata es más bien de subrayar la diferencia entre una presencia no sólo amparada, sino expresamente solicitada por Naciones Unidas, y una intervención decidida al margen de la legalidad internacional.