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Esperanza Aguirre adjudica las televisiones de Madrid a la Iglesia y a grupos afines al PP

Los más beneficiados son la Cope, el periodista Jiménez-Losantos y Antena 3

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha repartido las emisoras de televisión local de Madrid entre grupos de comunicación y empresarios afines al PP. De 30 licencias, la Iglesia católica ha obtenido cinco, y cuatro el periodista de la Cope Federico Jiménez-Losantos, las mismas que Antena 3. Blas Herrero (Kiss FM) ha recibido dos. El Mundo e Intereconomía explotarán una cada uno. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, obtuvo 10, y José Frade, tres, aunque no en Madrid capital, donde ya emite. Localia, que opera desde hace cinco años, no ha recibido ninguna.

El resultado del concurso para la adjudicación de canales de televisión digital terrestre al sector privado fue hecho público ayer por el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP). Junto a las licencias locales, el Ejecutivo regional también acordó la convocatoria de un concurso para lanzar una cadena de ámbito autonómico. Esta frecuencia fue adjudicada a Quiero TV en 1999 y revirtió a la Comunidad en 2002, tras cesar sus emisiones. La otra autonómica está en manos del grupo Vocento (editor de Abc), que opera bajo la marca Onda Seis, desde hace cinco años.

Localia, la red de emisoras gestionada por PRISA, no ha obtenido ninguna licencia de las ocho demarcaciones a las que se presentó. También quedaron fuera del reparto las ofertas presentadas por el grupo Zeta-Tele 5 y Prensa Ibérica.Esta adjudicación se ha producido una semana después de que el Gobierno central autorizara a Sogecable (participado por el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS) a emitir en abierto las 24 horas del día y con varios meses de retraso.

González explicó que a la hora de examinar las 115 candidaturas admitidas de las 123 presentadas, la mesa de contratación ha tenido en cuenta "la pluralidad informativa, la calidad de la programación y la creación de empleo". El concurso, convocado a finales de 2004, ha sido resuelto por la Comisión Audiovisual de la Comunidad de Madrid, presidida por el secretario general del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria.

La mayoría de los adjudicatarios carece de experiencia en el sector televisivo, en contra de lo que sucede con algunas de las empresas que han sido excluidas. De las nueve empresas que han recibido licencias, sólo Canal 7 y la emisora del Arzobispado están operativas en la actualidad. La ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, aprobada hace dos meses por el Gobierno central, primaba a aquellas empresas locales que estuvieran en funcionamiento desde 1995.

Cada demarcación contará con cuatro canales (uno de ellos gestionado por los Ayuntamientos), salvo en Madrid, que explotará ocho (uno municipal y siete privados). En la capital, el ámbito con mayor densidad de población (más de tres millones de personas), las licencias han recaído en el Arzobispado de Madrid, Homo Virtualis (grupo Intereconomía), Kiss FM (Blas Herrero), Libertad Digital (Federico Jiménez-Losantos), Televisión Digital Madrid (Enrique Cerezo), Unedisa (editora del diario El Mundo) y Uniprex (Antena 3-Onda Cero, José Manuel Lara, también editor de La Razón).

La Iglesia Católica ha conseguido en total cinco licencias: a la que explotará el Arzobispado se unen las cuatro de Iniciativas Radiofónicas de TV (Alcobendas, Collado-Villalba, Móstoles y Alcorcón), entidad impulsada por la Cope, cadena de radio propiedad de la Conferencia Episcopal. En Madrid operaba ya bajo la denominación Popular TV. A estas cinco emisoras, la Cope suma, indirectamente, las cuatro adjudicadas al periodista estrella de esa cadena: Federico Jiménez-Losantos, quien ha obtenido cuatro frecuencias (Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares y Fuenlabrada). El periodista tiene como soporte empresarial un portal de Internet denominado Libertad Digital.

El principal beneficiado por el reparto ha sido el productor cinematográfico Enrique Cerezo (presidente del Atlético de Madrid), a través de la sociedad Televisión Digital Madrid, SLU, que ha logrado una frecuencia en cada una de las 10 demarcaciones en las que se ha dividido el mapa audiovisual de Madrid. Las divisiones territoriales abarcan varios municipios, a excepción de Madrid.

Los partidos de la oposición consideran "una agresión al pluralismo" el reparto de canales digitales realizado por el Gobierno de Aguirre. El secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, consideró "intolerable" el reparto, tanto en la forma como en el fondo, al hacerse "de manera despótica y aprovechando el verano para evitar la repercusión pública". Lamentó que este proceso se haya hecho "sin el mínimo diálogo" con el sector o con las fuerzas políticas. "Ha sido una decisión despótica y unilateral, en la línea del sector más duro del PP al que aspira a representar Aguirre".

Simancas señaló que la decisión "trasluce sectarismo" y representa "una vulneración grave del derecho al pluralismo de los ciudadanos". Anunció que en el nuevo periodo de sesiones pedirá explicaciones a Aguirre en la Asamblea y que su grupo verificará "todos los extremos del proceso por si se hubiera vulnerado la legalidad".

El secretario de Comunicación de los socialistas madrileños, Miguel Ángel Sacaluga, manifestó que estas adjudicaciones "siguen los dictados de los sectores más radicales del PP" y se equiparan a las que hace pocos meses protagonizaron el presidente balear, Jaume Matas, así como el hasta hace poco presidente de Galicia, Manuel Fraga, quienes concedieron las licencias a grupos afines al PP.

Fausto Fernández, dirigente de IU-Madrid, dijo que Aguirre sigue considerando la Comunidad como "un cortijo"· "Reparte entre sus amigos con tal grado de alevosía y descaro que empieza a tocar uno de los fundamentos básicos de la democracia: la libertad de información". Fernández agregó que el reparto de las concesiones es "un gravísimo atentado del Gobierno regional y compromete aún más su credibilidad democrática".

Las televisiones locales se otorgarán por un periodo de 10 años y deberán comenzar sus emisiones en ocho meses, tras la notificación a las empresas adjudicatarias.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de agosto de 2005