Cantinela insufrible
Las reservas que los partidos políticos de la derecha española han tenido respecto a la construcción de un Estado políticamente descentralizado vienen de lejos y, desgraciadamente, no han acabado de ser abandonadas definitivamente cuando ya se han cumplido más de 25 años de la entrada en vigor de la Constitución. Es, posiblemente uno de los elementos más perturbadores, si no el que más, del panorama político español.
Dichas reservas se pusieron de manifiesto en el propio debate constituyente, en el que se produjo una revisión de la estructura del Estado diseñada en el primer proyecto de Constitución, en el que se optaba por una descentralización plena del Estado en territorios que accederían a la autonomía por la misma vía, elaborarían su estatuto de autonomía por el mismo procedimiento, tendrían la misma arquitectura institucional, el mismo sistema de distribución de competencias y la misma financiación. Fueron AP y UCD quienes se opusieron a dicho diseño de la estructura del Estado, que tuvo que ser corregido con la introducción de diversas vías de acceso, la del 143 y la del 151, con todas las complicaciones que de esa doble vía derivarían.
"La ruptura de la unidad de España no puede estar siendo puesta en circulación de manera permanente"
Consecuencia de esas reservas fue la actitud de UCD ante la autonomía andaluza, que la acabó conduciendo al Waterloo del 28 F. Y fue, sobre todo, el rechazo de AP al modelo de estructura del Estado que se acabó definiendo en la Constitución. Hasta 1989 AP llevó en sus sucesivos programas electorales la reforma de la Constitución para poner fin al Estado de las Autonomías.
Con el Congreso refundacional de AP como PP en Sevilla en 1989, en el que José María Aznar fue designado presidente, pareció que se ponía fin a esas reservas de la derecha española respecto de la estructura del Estado y que definitivamente se aceptaba el Estado autonómico que se había venido constituyendo a lo largo de la década.
Sin embargo, visto lo que estamos viendo, da toda la impresión de que esa aceptación de la estructura del Estado fue una decisión táctica, que fue adoptada por el PP porque, de lo contrario, no tenía posibilidad alguna de llegar al Gobierno de la nación, pero no porque realmente hubiera interiorizado dicha estructura. Mientras le sirviera para llegar al poder y mantenerse en él, se aceptaba la estructura del Estado, pero en cuanto lo ha perdido ha empezado a ponerla en cuestión.
No lo está haciendo de manera frontal, pero sí de forma subrepticia, de manera recurrente. No hay prácticamente ninguna decisión que se esté adoptando por el Gobierno de la nación, que no sea presentada por la dirección del PP como un riesgo de ruptura de la unidad de España o como un paso más en el desmantelamiento del Estado.
La verdad es que la cantinela de la ruptura de España está empezando a ser insufrible. Esta semana le ha tocado el turno al proyecto de ley sobre la reforma educativa, al que el PP ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad, por considerar que "rompe la unidad de España", ya que, en su opinión, la norma "no recoge un mínimo de enseñanzas comunes para todas las comunidades autónomas", lo que, en palabras de Mariano Rajoy, supone "un paso más en el desmantelamiento del Estado".
La desmesura de la crítica salta a la vista cuando se compara la propuesta que contenía la ley de educación aprobada en la pasada legislatura (LOCE), con la que ahora contiene el proyecto de ley de la LOE. Lo único que diferencia a la propuesta de la LOCE de la que contiene la LOE en este punto, es que la LOCE exigía que las enseñanzas comunes fueran "como mínimo" el 55% en las comunidades que tengan lengua cooficial y el 65% en las que no lo tengan, mientras que la LOE dice que "no se requerirán" más del 55% o del 65% en unas y otras comunidades. Esta diferencia entre la LOCE y la LOE conlleva nada menos que la ruptura de la unidad de España.
La distinta redacción de la LOCE y de la LOE en este punto no tiene consecuencia práctica alguna, ya que al estar transferida la competencia en materia educativa a las comunidades autónomas, serán éstas las que decidirán si las enseñanzas comunes van más allá de ese 55% o 65%. Nada impedía que fuera así con la LOCE y nada impide que sea así con la LOE. Lo único que no podrán hacer las autoridades de las comunidades autónomas es reducir ese 55% o 65%.
La ruptura de la unidad de España no puede estar siendo puesta en circulación de manera permanente, sin que el sistema de convivencia se resienta. No se puede pretender tener el monopolio de la unidad de España, como está haciendo el PP, porque ello conlleva calificar de anti-España a todo aquel que no coincide con lo que él propugna. Y en esas condiciones el debate político resulta imposible. El debate presupone la aceptación de unas premisas comunes que no pueden ser siquiera sometidas a discusión. Sin ellas la discusión degenera en trifulca.
Esta semana hemos tenido ocasión de comprobarlo en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que, no se si afortunada o desafortunadamente, no fue transmitida en directo por televisión. La democracia, como dijo uno de los padres fundadores de los Estado Unidos, James Madison, es un sistema armónico de frustraciones mutuas. La obligación de los partidos políticos es frustrar al adversario. En esa tarea reside la garantía de la libertad de los ciudadanos. Pero sin olvidar que estamos dentro de un mismo sistema político y que la tarea de frustar al adversario no puede llevarse hasta el límite de poner en riesgo la supervivencia del sistema en su conjunto. Tengo la impresión de que el PP, en lo que a la estructura del Estado se refiere, está pasando ese límite.
