El abogado del Estado denuncia la "nula imparcialidad" del juez Valle en el 'caso Bono'

El abogado del Estado ha solicitado a la Audiencia de Madrid que archive directamente la causa contra los policías imputados por el juez Carlos Valle en la supuesta detención ilegal de dos militantes del PP citados a declarar como sospechosos de la agresión al ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El recurso de la Abogacía del Estado denuncia las numerosas "irregularidades" y "trabas" del juez que han provocado la indefensión de los policías y el "ánimo de innecesaria confrontación y nula imparcialidad" del instructor.

El recurso de la Abogacía del Estado asegura que las diligencias del titular del Juzgado de Instrucción número 14, Carlos Valle, "están jalonadas de una serie de acontecimientos inusuales, en muchos casos constitutivos de verdaderas infracciones de preceptos legales", que hacen dudar de que los principios de buena fe y de igualdad de armas en el proceso "hayan sido respetados".

El escrito alude a la agresión sufrida por Bono el 22 de enero y recuerda que en los vídeos se identifica a los militantes del PP de Las Rozas Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz dentro de un círculo de personas "en actitud claramente agresiva". La policía decide tomarles declaración con lectura de derechos y comparecencia de abogado. El 25 de enero se puso a disposición de Barrios un vehículo camuflado "a fin de causarle las menores molestias posibles", que fue rechazado. Después, ambos comparecieron "voluntariamente" y se les tomó declaración "sin fotografías, ni huellas dactilares, ni encierro en calabozos, ni utilización de esposas, ni limitación en el uso del teléfono móvil, y procurando en todo momento la máxima comodidad para los declarantes".

Según el escrito, los dos militantes del PP agradecieron a los policías el "exquisito trato dispensado" y "aceptaron gustosos" la invitación a salir en un coche camuflado por una puerta trasera para evitar a los medios de comunicación. Sin embargo, dos días después Barrios y De la Cruz, junto con el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presentaron denuncia por supuesta detención ilegal y otros delitos.

Entre las "principales irregularidades" del juez, la Abogacía del Estado destaca la admisión de la mayoría de las diligencias de prueba solicitadas por la acusación y la denegación de la totalidad de las propuestas por la defensa, incluida la declaración de tres policías del servicio de seguridad de Bono, que podían haber ayudado a esclarecer "si hubo actuación delictiva" y si los sospechosos a los que se tomó declaración "participaron o no".

Sobre la imputación del delito de detención ilegal, el recurso critica que el instructor parta de la premisa de que no había "dato alguno para poder atribuir el hecho delictivo a Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz". Esa apreciación contradice, según el recurrente, la actuación de otro juez, el número 42 de Madrid, que tomó declaración a Barrios y De la Cruz como imputados en la denuncia por agresión a Bono, declaraciones que "eran en sí mismas la prueba de la existencia de indicios racionales de criminalidad en aquel momento contra esas personas".

En relación con la falsedad que aduce el juez, al considerar que se rehízo el atestado policial después de que el inspector número 16.444 se negase a tomar declaración a los sospechosos, la Abogacía precisa que las diligencias policiales las instruyó desde un principio su defendido, el inspector 16.259, y que éste encomendó actuaciones concretas a otros agentes como delegados suyos.