IU denuncia el "retraso" en el uso civil del hospital Gómez Ulla

El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV) en las Cortes ha registrado una pregunta urgente dirigida al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el "preocupante retraso" que, según afirma, atraviesa el desarrollo del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid para el uso civil de 500 camas del hospital militar Gómez Ulla, situado en el distrito de Carabanchel.

Según esta formación política, hasta la fecha, sin embargo, "no se ha procedido a la cesión de camas para uso civil comprometida en el mismo, lo que hace dudar de la auténtica intención de ambas administraciones al respecto".

El presidente-portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, argumenta que en su día esta medida "se valoró positivamente ante la necesidad perentoria e inexcusable para un gran número de vecinos que vienen sufriendo las carencias y problemas de atención sanitaria hospitalaria en varios distritos de Madrid, en este caso, Carabanchel y Latina".

La coalición se interesa por "la existencia o no de una efectiva comisión de seguimiento del convenio firmado, así sobre las previsiones del Gobierno para dar participación a los distintos movimientos sociales en el desarrollo del mismo".

Asimismo, advierte de que "la relativa cercanía de los plazos de finalización antes de la posible prórroga del convenio nos impulsa a tratar de conocer su marcha con el mayor grado posible de detalle, dada la preocupación con que se observa su cumplimiento".

Plazo previsto

IU-ICV insta al Ejecutivo central a pronunciarse sobre "el plazo que ha previsto" para llevar a la práctica la cesión de camas para uso civil en el hospital Gómez Ulla, el estado de pagos de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Defensa por este acuerdo, y los planes que tiene este ministerio para cada uno de los hospitales militares ubicados en la capital.

El acuerdo entre Defensa y la Comunidad de Madrid entró en vigor el pasado 1 de noviembre e incluía que la Consejería de Sanidad y Consumo podría hacer uso en función de sus necesidades de cuatro bloques quirúrgicos y 500 camas del Gómez Ulla. Fundamentalmente, se trata de desviar allí pacientes procedentes de los hospitales clínico San Carlos y Doce de Octubre.

El convenio tiene una vigencia de dos años prorrogable por un máximo de 10. Se estableció que el Gobierno regional pagaría al ministerio más de seis millones de euros, de los que 1,5 millones se liquidarían en 2004 y el resto, en 2005. Igualmente, para velar por el cumplimiento del acuerdo, estaba prevista la creación de una comisión de seguimiento integrada por tres miembros de cada una de las partes firmantes, cuya presidencia se alternaría cada año por parte del director de la Red Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid y el inspector general de Sanidad de la Defensa.