Los socialistas creen un fraude de ley la alianza entre Blasco y Ortiz

La alianza entre el consejero de Territorio, Rafael Blasco, y el constructor alicantino Enrique Ortiz, sustanciada en la empresa Tarea, SL para desarrollar viviendas de protección oficial en el barrio de Rabassa de Alicante y en el municipio valenciano de Manises, está derivando, según el PSPV, en un "fraude de ley". El socialista Eugenio Burriel señala que, con la excusa de promover viviendas sociales, se han aprobado 12.000 viviendas libres.

El IVVSA ha creado otras cuatro empresas con socios privados para edificar pisos

La inmobiliaria Tarea Promotora Valenciana de Viviendas, de la que el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, es presidente y el constructor alicantino Enrique Ortiz es consejero delegado, se constituyó, según el Registro Mercantil de Valencia, para urbanizar dos lugares: un sector de suelo no urbanizable de Rabassa, en la ciudad de Alicante, y otro sector con esa misma clasificación en Manises (Valencia). Los ayuntamientos de ambas ciudades, tras los impulsos de Tarea, han aprobado provisionalmente sendos programas de actuación integrada (PAI) con un total de 25.000 viviendas, 15.000 en Rabassa y 10.000 en Manises, la mitad del total de ellas de renta libre.

En el caso de Alicante, la promotora de Blasco y Ortiz cedió a las presiones de la Asociación de Promotores de la provincia de Alicante (Provia), que exigió libre concurrencia para el plan de Rabassa. Tarea decidió entonces no optar a la adjudicación del PAI de Rabassa, aunque Ortiz, amigo personal del alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, conformó una nueva alianza privada para optar a la adjudicación del plan. Y la ganó

En Manises sí concurrió Tarea, que compitió por la construcción de 10.000 viviendas, la mitad de ellas de renta libre, con una agrupación de propietarios. En este caso, Blasco, como consejero, debe aprobar definitivamente el plan de una empresa que él preside.

El PSPV se pregunta qué hace el consejero Blasco promoviendo viviendas de renta libre. Eugenio Burriel, responsable de Acción Territorial de la Ejecutiva socialista, criticó ayer el consorcio empresarial entre el consejero Blasco y el empresario Ortiz porque, "con la excusa de las viviendas sociales se están aprobando miles de viviendas de renta libre".

El PAI de Manises, donde el Ayuntamiento del PP ha aprobado provisionalmente la reclasificación de un sector para construir 10.000 viviendas es para los socialistas un "fraude de ley". Por este PAI pugnaban la empresa presidida por Blasco, que es quien debe firmar la aprobación definitiva, y una agrupación de empresarios. "¿Qué alcalde va a aprobar un plan distinto al que promueve su jefe?", se preguntó ayer Burriel. Para los socialistas, cuyo grupo municipal en Manises votó en contra de la adjudicación del PAI a Tarea, este proyecto es irregular de cabo a rabo. "Blasco rompe una moratoria dictada por él mismo para promover este plan que ni siquiera esta previsto en el Plan General", declaró Burriel. El instituto público que preside Blasco participa en otras cuatro sociedades junto a otros tantos socios privados para el desarrollo de suelo en Betxí, Nules, Vinaròs, El Puig, Vila-real o Picanya. Además de Ortiz son socios del IVVSA promotores como GyC o Actura.

Aunque los casos de Manises y de Rabassa guardan cierta relación, el sector de Alicante es distinto, porque el avance del PGOU de esta ciudad y el concierto previo ya aprobado por el Consell reservan suelo urbano en el sector, de más de cuatro millones de metros cuadrados. Aunque el alcalde de Alicante haya optado por mantener congelada la aprobación del PGOU hasta el visto bueno al PAI de Rabassa, el planeamiento general del municipio prevé que Alicante debe crecer urbanísticamente por Rabassa.

Con todo, el apoyo del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante a la adjudicación a Ortiz de 15.000 viviendas en Rabassa ha sido cuestionado por la ejecutiva del PSPV. Burriel y el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Alicante, Blas Bernal, se reunirán esta semana para "profundizar" en el proyecto. Burriel admitió ayer que su conocimiento del proyecto es aún "limitado". El responsable de Acción Territorial del PSPV preparará un dictamen sobre este PAI que previsiblemente influirá en la decisión final de los socialistas a través de alegaciones al plan aprobado provisionalmente.

El secretario general de la agrupación socialista de Alicante, Juan Antonio Román, cuya oposición al PAI de Rabassa ha aflorado las disputas en el PSPV alicantino, declaró ayer sobre este proyecto: "Todavía no hay nada decidido; hay que hablar con mucha gente para que el partido adopte un criterio".

Ese criterio lo tiene claro el grupo socialista, que hoy inaugura una ronda de conversaciones con los agentes sociales de Alicante para explicar su voto afirmativo al proyecto de Rabassa y para recoger en el plan las aspiraciones de los diferentes colectivos de la ciudad. Según un estudio jurídico encargado por el grupo municipal, la aprobación del PAI al margen del PGOU es legal. "Cuando termine la fase de redacción técnica se debe someter el plan a exposición pública y será entonces cuando se suspendan las licencias (y consecuentemente la aprobación de programas). Ese trámite de información, dice el informe, aún no se ha producido y, por tanto, "no ha habido tal suspensión".

Manuel Mata, portavoz del PSPV-PSOE, se sumó a las críticas de Burriel. Según Mata, el modelo constructivo que propone el Consell, basado en el sistema americano, se está quedando obsoleto y "desvincula a la Comunidad Valenciana de todo lo que es un crecimiento sostenible, de innovación, de desarrollo y de gusto por el trabajo bien hecho".

El portavoz denunció "la acumulación de suelo en la Comunidad en muy pocas manos" porque "enriquece a las pocas personas que lo tienen" y "está provocando además un encarecimiento absurdo de la vivienda".