Los humos del sur

"Lo que no se mide, no se puede mejorar", asegura José Santamarta, director de la edición española de World Watch y autor de los análisis que, de forma periódica, muestran el incremento en la emisión de gases de efecto invernadero, tanto a escala regional como nacional.

El último de estos documentos, aparecido a comienzos de este mes, revisa la situación tomando como referencia los datos de 2004 y, una vez más, pone en evidencia las dificultades que las diferentes administraciones encuentran a la hora de cumplir las exigencias del Protocolo de Kyoto.

Aunque se redactó en diciembre de 1997, este acuerdo internacional no entró en vigor hasta el pasado 16 de febrero. En lo que respecta a la Unión Europea obliga a reducir las emisiones de este tipo de contaminantes en un 8% de media durante el periodo 2008-2012, tomando como referencia las emisiones medidas en 1990.

Para cumplir este objetivo hay países que tendrán que alcanzar índices de reducción por encima de la media, mientras que otros, como España, atendiendo a su grado de desarrollo, están autorizados a aumentar sus emisiones.

En nuestro país el porcentaje de aumento puede llegar hasta el 15%, aunque en realidad ya se ha triplicado esta cifra y el pasado año, según los datos aportados por Santamarta, se alcanzó un incremento del 45,61%, lo que nos convierte "en el país industrializado en donde más han aumentado las emisiones".

El panorama no es mucho mejor si el análisis desciende a escala regional. En el caso de Andalucía las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido un 55% con respecto a 1990, lo que supone diez puntos más que la media nacional.

Durante el pasado ejercicio, en la comunidad andaluza se emitieron a la atmósfera más de 57 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente o, lo que es lo mismo, el 13,74% del total de vertidos españoles (416,56 millones de toneladas), porcentaje que no alcanza ninguna otra comunidad, aunque algunas, como Cataluña (12,90%) o Castilla-León (11,33%), se sitúan muy cerca.

Para evaluar estas cifras en su justa medida deben ponerse en relación con otros parámetros, como el Producto Interior Bruto o la población. De esta manera se comprueba que las emisiones andaluzas, aunque siguen creciendo a un ritmo insostenible, mantienen una cierta correspondencia con ambos parámetros, ya que el PIB regional representa el 13,61% del total nacional y la población suma un 17,80%. Por el contrario, hay casos, como el de Castilla-León, donde el desequilibrio es notorio, ya que aporta un 11,33% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero cuando su población apenas representa el 5,77% y su PIB se sitúa en el 5,60%.

Inferior a la media

Incorporando estos ajustes, y evitando la distorsión que generan algunas industrias particularmente contaminantes, "Andalucía", explica Santamarta, "es una de las regiones españolas cuya participación en las emisiones globales es inferior a la media española, a causa, sobre todo, del peso del sector servicios, incluido el turístico, menos intensivo en emisiones que el sector industrial".

En el balance andaluz pesan, sobre todo, las aportaciones del sector transporte, cuya contribución a las emisiones regionales se acerca al 25%, y cuyo crecimiento entre 1990 y 2004 supera el 80%, junto con los gases que se imputan al sector energético, que suponen el 42% del total y han registrado un aumento del 82% en los últimos 14 años. En este último capítulo se incluyen las centrales térmicas y las refinerías de Huelva y Algeciras.

La clave del problema, reflexiona el director de World Watch, está en el sector energético, cuyas emisiones sumaron el pasado año casi el 78% del total nacional. "Nuestro sistema energético es cada año menos eficiente, necesitando más energía, y emisiones de gases de efecto invernadero, para producir la misma unidad de PIB, situación que se explica por la ausencia de políticas de ahorro, eficiencia energética y promoción de la movilidad sostenible".

Estas son las asignaturas pendientes del Gobierno, aunque en gran medida, concluye Santamarta, son fruto "de la grave herencia dejada por los gobiernos del PP, que no elaboraron ningún plan para cumplir con los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kyoto y en el seno de la Unión Europea, lo que supone un margen de actuación muy pequeño para el nuevo gobierno que ahora debe recuperar los ocho años perdidos".

sandoval@arrakis.es