Estado

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha llamado a la unidad de los partidos políticos catalanes para "ganar la guerra" de la financiación. Pasqual Maragall, preso del apoyo de Esquerra, pero también de su propio pensamiento político, está poniendo las cosas difíciles al Gobierno de Zapatero con su propuesta de financiación, que recibe el rechazo unánime de los socialistas de todo el Estado. Desde Andalucía, sin palabras gruesas al estilo Rodríguez Ibarra, pero sí con toda contundencia, el presidente Chaves ha dicho a Maragall que sólo hay un camino para el acuerdo y lleva directamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha irritado, y no poco, a los socialistas andaluces el que Maragall arrasando y, a pesar de tener información y conocimiento previo de que el PSOE-A iba a presentar su propuesta de reforma del Estatuto el mismo día y prácticamente a la misma hora, decidió hacerlo él con la suya sobre financiación. El pormenor de tal propuesta y la pretensión de saltarse el marco político natural para llevar su modelo al Estatut elevó la irritación. Esto no ha hecho más que empezar, y va a ser largo el recorrido de esa propuesta a la que van a lloverle los rechazos. Desde Andalucía, el PSOE pretende que el rechazo sea con un acuerdo unánime en el Parlamento andaluz. Todos los partidos andaluces están de acuerdo en el rechazo, pero a partir de ahí surgen los matices partidistas que tantas cosas agostan y debilitan. Mientras los socialistas han presentado una proposición no de ley para que sea discutida dentro de 15 días, el PP quiere un pleno extraordinario y los andalucistas con IU pretenden un debate general con propuestas de resolución. Dicen que el PSOE quiere evitar un debate que evidencie un enfrentamiento entre comunidades que, sin duda, sería lamentable. De nada sirve el ruido, mucho menos si el ruido divide y enfrenta, cuando de lo que se trata es precisamente de que quede claro que desde Andalucía se exige respeto al marco constitucional, al reconocimiento del Estado, al que no representa solo el Gobierno, sino todas y cada una de las comunidades autónomas, razón por la cual para negociar con el Estado directamente, como pretende Cataluña, no va a tener más remedio que hacerlo con el Estado precisamente, es decir con todas las comunidades autónomas.