Los que menos tienen
El autor recuerda la labor de los abogados que
defienden los derechos de los más desprotegidos.
Treinta millones de euros, 250 fincas en la costa, 2 aeronaves, 42 vehículos de lujo incautados. Parece que la Operación Ballena Blanca, siendo espectacular, podría confundirse con algo relativamente normal en los círculos de la abogacía.
Nada más lejos de la realidad. Estos mismos días, recién estrenado el caso del supuesto blanqueo de dinero, mi realidad se acercaba mucho más a aquellos que, digamos, no tienen tanto. No hay yates, ni suculentas cuentas bancarias por medio. No hay lujo, sólo angustia, desesperanza, incertidumbre. Pero sobre todo, una acuciante necesidad de buscar soluciones a problemas, simple y llanamente, de los que depende su propia existencia. Hablo de mucha gente, entre ellos, de las víctimas de violencia de género, y de los menores que, cruelmente, la padecen. Y también de los inmigrantes, que no necesitan ostentación, sólo saber, simplemente, si hay futuro para ellos. Y de las personas mayores, tan olvidadas, pero tan necesitadas de consejo, de ayuda. Y de los discapacitados, que no exhiben yates ni coches de alta gama, tan sólo aspiran a poder utilizar el transporte público y llevar una vida normal como cualquier ciudadano.
Acabo de firmar en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un convenio con objeto de optimizar el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, así como de asistencia jurídica para personas mayores. Cuando pensábamos, con orgullo, que habíamos aportado nuestro granito de arena para ayudar a los más desprotegidos, la Operación Ballena Blanca ocupaba la primera página de todos los periódicos de nuestro país.
Los miles de abogados que llevamos muchos años trabajando por todos los derechos fundamentales, de cualquier persona que pueda leer estas líneas, esperamos que esta noticia no afecte ni a su criterio sobre la abogacía, ni mucho menos a su criterio sobre sus abogados. Cualquier ciudadano, y especialmente aquel más desprotegido, debe confiar en nuestro bien ganado Estado de derecho, y saber que existen soluciones a sus problemas, y que los abogados trabajamos por resolverlos. La abogacía ha prestado tradicionalmente el servicio de asistencia jurídica gratuita a aquellos que no tienen recursos económicos, para asegurar que todos los ciudadanos reciban igual asesoramiento jurídico y defensa.
El Consejo General de la Abogacía Española, órgano máximo de representación de los Colegios de Abogados, ha impulsado una red de servicios jurídicos sociales en los colegios que hoy no tienen parangón en ninguna parte del mundo. En los años noventa, la abogacía detectó el grave problema del maltrato y comenzó el Servicio de Atención a las Mujeres Agredidas, gracias a la colaboración sin contraprestación económica de cientos de abogados. Hasta hoy en día, donde, por fin, se ha logrado reconocer por ley.
En Extranjería, los Colegios de Abogados se ocupan de formar a los letrados en el turno de oficio especializado, con el único fin de defender el único patrimonio de los que no tienen nada, o sea, sus derechos. Hemos colaborado con el proyecto Foro, Justicia y Discapacidad para solucionar los problemas de las personas con discapacidad. Y recientemente hemos creado la Fundación del Consejo para canalizar y promover más eficazmente la defensa de los derechos fundamentales de la persona, especialmente los colectivos más débiles. Con igual dignidad, la abogacía también presta consejo jurídico y defensa al mundo empresarial, al de la economía y las finanzas. Con igual dignidad porque la seguridad jurídica, la libertad profesional, y el respeto a la propiedad privada son valores de la sociedad democrática que, igualmente, hay que tutelar. Por ello, también a ellos hay que aplicar el derecho fundamental a la presunción de inocencia y a la no autoinculpación. Todos tenemos derecho a la defensa y a un proceso justo con todas las garantías y en plazo razonables.
Muchas veces me han preguntado qué tienen en común el abogado que asiste gratuitamente a un inmigrante y el que redacta un contrato multimillonario en un moderno rascacielos. Independientemente de las formas y del decorado, ambos desempeñan la misma función social: asistir jurídicamente a quienes ostentan igual condición de ciudadanos. Pero, sobre todo, sirven al Estado de derecho que sólo puede sustentarse en las leyes, en la legalidad. Y su eficacia, la de la ley y la del Estado de derecho, depende, fundamentalmente, de contar con una abogacía con formación adecuada para desempeñar su función social, aconsejar y defender.
Pero también les une su condición de ciudadanos y, por tanto, de justiciables, que deberán responder, como cualquier otro ciudadano de cualquier transgresión legal. No podemos imaginar que los más de cien mil abogados españoles seamos seres puros. Lo que sí puedo avalar, y garantizar, es que cada día miles de abogados se esfuerzan en defender, con pasión, los derechos de las personas, tengan o no tengan yates, aeronaves o casas de lujo. Y sin pretenderlos.
Carlos Carnicer es presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
