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El Gobierno pedirá a las autonomías que suban impuestos para sufragar la sanidad

Zapatero se compromete a liberar partidas extraordinarias, pero quiere medidas compartidas

Anabel Díez

El déficit de la sanidad en toda España (con especial gravedad en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), debido a la insuficiencia de los recursos, va a empujar al Gobierno a pedir a las comunidades autónomas la adopción de "medidas compartidas". Ésta es la forma en que el Ejecutivo expresa su intención de instar a los Gobiernos autónomos a que utilicen su capacidad de subir impuestos. El Gobierno, por su parte, se compromete a liberar partidas extraordinarias para el mismo fin. Así se desprende de un documento elaborado por un grupo de trabajo del PSOE y el Gobierno.

Desde diferentes ámbitos se trabaja para dar una respuesta, o abrir un abanico de posibles soluciones, para sufragar el déficit de la sanidad pública de la mayoría de las comunidades autónomas. El debate sobre cómo sufragar la sanidad ocupará en exclusiva el orden del día de la segunda Conferencia de Presidentes que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, convocará entre los meses de mayo y junio.

"Junto a un incremento de recursos por parte de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, que ya disponen de amplia capacidad normativa, deben asumir la responsabilidad de una parte esencial de la mejora de la financiación. Incrementar la capacidad de las comunidades autónomas de regular los impuestos es una buena vía para permitir el aumento de los recursos de quien así lo decida".

Ésta es una de las recomendaciones que recoge el documento elaborado por el PSOE sobre la financiación de la sanidad, a propuesta del secretario general y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que coordina el responsable de Política Institucional y Autonómica del partido, Alfonso Perales. En paralelo trabajan el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, y como referente fundamental y decisivo el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

Los expertos socialistas que han elaborado este documento reconocen que el Gobierno no ve otra salida que "una subida de impuestos y una reducción del gasto, principalmente el farmacéutico".

Medidas impopulares

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Pero "cualquier medida relativamente impopular tiene que adoptarse con la cobertura de la Conferencia de Presidentes", añaden las fuentes socialistas consultadas. Hasta ahora, las comunidades autónomas se han mostrado reacias a aparecer ante sus ciudadanos como responsables de las subidas de impuestos. Pese a ello, los socialistas creen que los ciudadanos serán mucho más comprensivos "ante una subida de impuestos para la sanidad, que, por ejemplo, para poner en marcha una televisión" autonómica.

Las medidas que propondrá el Gobierno en la Conferencia de Presidentes persiguen limitar el crecimiento del gasto sanitario y "adoptar medidas compartidas entre el Gobierno central y los autonómicos para incrementar los ingresos".

Los expertos del PSOE prefieren obviar de momento el catálogo de posibles tipos impositivos, pero apuntan al incremento del IVA y a la creación de "un Fondo de Población destinado a paliar los efectos de los incrementos de ciudadanos". Este Fondo serviría para aliviar la situación de las comunidades con mayor crecimiento demográfico y no guarda relación con el Fondo de Cohesión Sanitaria que ya existe, pero que "a todas luces no cumple el papel para el que se diseño", según el documento socialista. El Gobierno va a " reconsiderar" la existencia, al menos en su actual concepción, de ese fondo.

La "insuficiente financiación" es el problema fundamental, aunque también se apunta a la excesiva dispersión de la población en algunas comunidades.

La solución drástica que proponen los expertos pasaría por "entregar recursos adicionales a las comunidades que más lo necesitan" y eliminar "el sistema de modulaciones que es, sin duda, la principal causa de la arbitrariedad en la financiación por habitante". El texto reconoce que para que esta eliminación sea aceptada por las comunidades autónomas tendría que ir acompañada de "sustanciosas aportaciones de la administración".

El jefe del Gobierno está dispuesto a poner de su parte, como aseguran que se comprometió a hacer en el último comité federal del PSOE, pero también confía en la corresponsabilidad de las autonomías. Por tanto, se va a trabajar en tres líneas de propuestas: dinero de la Administración central; facilidades para repartir un porcentaje de los impuestos especiales; e invitación a las autonomías a que hagan uso de su capacidad normativa.

En Madrid se dispara la demanda

El sistema actual de financiación de la Sanidad, ligado a la financiación autonómica, entró en vigor en 2002 y fue aprobado por unanimidad, bajo el auspicio del PP. No obstante, muy pronto algunas comunidades repararon que se quedaron cortas al no tener en cuenta el incremento previsible de sus poblaciones, en unos casos, y la dispersión territorial en otros.

La situación de Madrid es tan singular que se pone de ejemplo para constatar la necesidad de financiación adicional. El número de beneficiarios de la sanidad pública de Madrid se ha incrementado en 634.000 usuarios entre enero de 2002 y junio de 2004. Los socialistas indican que, a ese ritmo, "en enero de 2006 la sanidad madrileña deberá atender a una población adicional equivalente a la de Extremadura".

El futuro preocupa por este incremento de población. Por una parte está la masiva llegada y regularización de inmigrantes y, por otra, el envejecimiento de la población autóctona y el consiguiente incremento de los cuidados médicos que necesita. Con todo, las diferencias entre comunidades son notables, ya que varían entre 16,2% de aumento en Baleares y un 1% de disminución en Asturias.

Pese a aumentar la financiación, el documento advierte de que habrá que recortar partidas. "El gasto farmacéutico está por encima del gasto en atención primaria y especializada, por lo que medidas de contención son imprescindibles", señala.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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