El Constitucional avala que Alicante perdiera Medicina para crear la Miguel Hernández

Eduardo Zaplana recibió ayer el respaldo del Tribunal Constitucional, que avala la creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Los socialistas presentaron en 1997 un recurso de inconstitucionalidad contra la segregación forzosa de centros de la Universidad de Alicante que ha sido desestimado, aunque con el voto particular de dos de ellos que discrepan de la decisión final, al entender que deberían haber consultado a la Universidad afectada.

La segregación forzosa de la Facultad de Medicina, el Instituto de Neurociencias y la diplomatura de Estadística, sin el beneplácito de la Universidad de Alicante, motivó que 119 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentaran, en marzo de 1997, un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones de la ley de creación de la Miguel Hernández.

La sentencia, en síntesis, según explicó un experto constitucinalista, se fundamenta en que la Generalitat readscribió centros y facultades a la nueva Universidad y no "suprimió" ninguno. Tanto la LRU, vigente en la época, como la LOU actual, contemplan que para suprimir algún centro se debe dar audiencia a la institución afectada. Los magistrados del Alto Tribunal entienden que aunque la decisión del Consell fue "válida, no fue óptima" ya que, a su juicio, quiebra el principio de lealtad institucional que debe regir la relación entre las distintas administraciones. El Constitucional agrega que la decisión no puede decirse que fuera "arbitraria ni irracional" aunque si "discutible", pero insiste en que no se vulneró la autonomía universitaria ya que ésta no incluye el derecho de las universidades a contar con unos u otros centros. Esta competencia corresponde al Estado o al Gobierno de la Comunidad Autónoma.Los diputados socialistas que presentaron el recurso sostenían, entre otros argumentos, que la segregación era "caprichosa" y dirigida en exclusiva a "castigar" a una "universidad discrepante" y, por consiguiente, consideraron que la decisión del Consell vulneraba la autonomía universitaria, ya que no había sido consultado el Consejo Social de la Universidad de Alicante.

El Consell, que entonces presidía Eduardo Zaplana, decidió crear la Universidad Miguel Hernández de Elche mediante una ley aprobada el 27 de diciembre de 1996. El nuevo centro académico, con campus en Orihuela, Altea, Elche y Sant Joan, se nutrió de centros y facultades pertenecientes a Alicante (Medicina y Estadística), que Zaplana adscribió mediante decreto a la nueva Universidad. El ex rector Andrés Pedreño, con el respaldo unánime del resto de rectores españoles, entendió que la medida vulneraba el principio de autonomía universitaria.

La sentencia, que se comunicó ayer a las partes, rechaza como "carente de cualquier fundamentación argumentativa" la acusación de que la medida de segregar centros se adoptó como "castigo" y analiza si se hizo "sin una razón objetiva y de forma incoherente". Eso sostenían los diputados del PSOE que subrayaban, por ejemplo, la incoherencia de adscribir una facultad ubicada en Alicante a una universidad situada más lejos.

La sentencia señala que la territorialidad no es el único criterio válido para adscribir un centro a una u otra Universidad. El Constitucional considera que no puede decirse que la decisión fuera "arbitraria ni irracional", aunque sí pueda ser discutible. Además reconoce que la Generalitat no vulneró con ella la autonomía universitaria ya que ésta no incluye el derecho de las universidades a contar con unos u otros centros, decisión que corresponde al Estado o la Comunidad Autónoma. Tampoco se violó ese principio al no consultar al Consejo Social de la Universidad de Alicante porque, según el Alto Tribunal, la ley sólo obliga a hacerlo si se va a "crear o suprimir" un centro, pero no si se va a "readscribir". Admite, no obstante, que esa consulta habría sido "muy recomendable". Por todas esas razones la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Delgado, desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por los diputados socialistas.

Dos magistrados, Pablo Pérez Tremps y Elisa Pérez Vera, formularon un voto particular en el que, en primer lugar, creen que el recurso se presentó fuera de plazo y por ello no debía haberse admitido. Pero una vez que se acordó estudiarlo, añaden los magistrados discrepantes, debió haberse dado la razón a los diputados recurrentes, ya que en contra del criterio de la mayoría, entienden que el respeto a la autonomía universitaria sí habría exigido consultar al Consejo Social de la Universidad de Alicante, ya que los efectos de la readscripción de un centro son los mismos que los de su supresión en el sentido de que cuestiona la propia configuración de la Universidad.

La noticia de la sentencia se expandió ayer rápidamente. Los populares se emplearon a fondo para atacar a los socialistas. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, manifestó su alegría por el fallo que avala la decisión del ex presidente Eduardo Zaplana, que "puso en marcha un proyecto de una Universidad que contó con la oposición, fundamentalmente, del Partido Socialista". Camps, en una nota oficial de Presidencia de la Generalitat, recordó cómo el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y otros dirigentes socialistas como Joan Romero, Carmen Alborch o Ciprià Ciscar firmaron este recurso. Por esta razón, el vicesecretario del PPCV, Ricardo Costa, calificó de "derrota personal" de Zapatero esta sentencia. El PP considera que es "necesario" que los 119 diputados que apoyaron con su firma el recurso "pidan disculpas a los valencianos por su acusaciones de anticonstitucionalismo contra la Generalitat".

La única responsable oficial de los socialistas que se pronunció sobre la sentencia fue Amparo Marco, que mostró su respeto a la decisión judicial. Pero recordó que "si se llegó a la segregación fue por la confrontación del PP con todo el mundo". Marco acusó a Zaplana de aplicar una política de "estás conmigo o estás contra mi".