El Gobierno asumirá el 11-M gran parte de las recomendaciones de la comisión

Finalmente, las recomendaciones provisionales de la comisión del 11-M se aprobaron ayer por unanimidad. Pero sólo porque el PP renunció a participar en la votación. Sus diputados ni siquiera expresaron su abstención: simplemente se quedaron sentados sin votar. Los otros siete grupos del Congreso apoyaron el documento consensuado entre todos, que contiene 136 medidas para mejorar la seguridad antiterrorista y la atención a las víctimas. El documento se enviará al Ejecutivo, que prevé aprobar algunas de estas medidas en el Consejo de Ministros del viernes 11 de marzo, según fuentes gubernamentales.

La división en el seno de la comisión de investigación del 11-M, que ha marcado este órgano desde que se creó, quedó definitivamente sellada ayer con la votación del denominado "Documento de trabajo para aportar un primer conjunto de recomendaciones en el ámbito de protección de las víctimas y en el de la mejora de los mecanismos de seguridad ante las nuevas formas de terrorismo internacional".

Este texto, expurgado ya de todas las críticas a la gestión del Gobierno del PP que contenía, incluye 136 medidas, 120 de ellas destinadas a mejorar la seguridad frente al terrorismo y 16 para atención de las víctimas. El texto será enviado al Gobierno, que es quien debe impulsarlas y ponerlas en práctica. De hecho, muchas de ellas se incluirán en el paquete que aprobará el Consejo de Ministros del viernes, precisamente el día del aniversario. Entre estas iniciativas que asumirá el Ejecutivo de inmediato tienen un papel destacado las que se refieren a la mejora del tratamiento de las víctimas, que siguen quejándose, un año después, de que no reciben adecuadamente las ayudas.

Paulino Rivero, de Coalición Canaria, presidente de la comisión del 11-M, renunció ayer a votar por su papel institucional, pero se mostró de acuerdo con el documento. Rivero asumió el fracaso de su intento por encontrar un acuerdo unánime para el aniversario de la matanza. Pero enseguida mostró su confianza en que "vuelva la serenidad" a la comisión. Para tratar de lograrlo, todos, incluido el PP, aceptaron otorgarse una semana de tregua, hasta el próximo miércoles. Pero la batalla política volverá entonces. El PP, según anunció su portavoz, Vicente Martínez Pujalte, pedirá de nuevo todas las comparecencias que le han sido denegadas hasta ahora, incluidas las de algunos delincuentes encarcelados por estar relacionados con el 11-M.

La tesis que mantiene el PP, y en la que ayer insistió Pujalte, es que el Gobierno "tiene un infinito deseo de que no se investigue el 11-M". Por eso, dicen los populares, no han querido sumarse al consenso de un documento "lleno de cinismo" que sólo pretende "quedar bien ante la opinión pública".

El PSOE, a través de su portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que los otros siete grupos habían hecho "todos los esfuerzos del mundo" para incorporar al PP al consenso, pero éste lo había rechazado sin más. Para Rubalcaba, el principal partido de la oposición se ha decantado por esta actitud porque "no quiere darle legitimidad a la comisión de investigación porque quieren su verdad, que no es la de la comisión de investigación". Joan Puigcercós, de ERC, coincidió con su socio parlamentario al señalar que los dirigentes del PP "todavía son víctimas de los fatídicos días entre el 11 y el 14 de marzo, y por eso son incapaces de salir del laberinto en el que se han metido".

Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Verde, señaló que el PP "está anclado en el autismo político, en el pasado, y es incapaz de relacionarse", como demuestra el hecho de que los otros siete grupos de la Cámara, muy diferentes entre sí, logren ponerse de acuerdo mientras los populares se quedan fuera. Prácticamente todos los miembros de la comisión asumen que será muy difícil, dada la actitud del PP en este primer intento de consenso, llegar a algún acuerdo unánime en la comisión.