Servicio público
La comisión de sabios que debía elaborar unos criterios de actuación sobre los medios de comunicación públicos del Estado (RTVE y agencia Efe) entregó ayer al Gobierno sus conclusiones, que parten de una evidencia a veces olvidada en la práctica: se trata de un servicio público. Han sido nueve meses de trabajo. Si en el estudio del análisis académico ya se han presentado fracturas -uno de sus miembros ha hecho pública su discrepancia- es previsible que, cuando el tema llegue a la arena política, el debate se complique mucho más. La triste tradición del discurso político sobre los medios de comunicación públicos demuestra su perenne contaminación de groseros cálculos sobre el control partidista de los mismos.
El reto del Gobierno fue un ejercicio higiénico: apelar a voces independientes para que presentaran una alternativa al actual modelo de radio y televisión públicas, para evitar primero el perpetuo sometimiento a los dictámenes del Gobierno de turno, y mejorar a la vez los contenidos de la televisión estatal. El informe parte de dos premisas: que sus propuestas sean algo más que jaculatorias de buenas intenciones y confiar en la inteligencia del espectador. ¿Consume la audiencia productos banales porque ella misma tiene un alma banal o las altas cotas de audiencia que obtiene la banalidad se debe a que no se le ofrece más alternativas?
La propuesta aborda el organigrama directivo, la financiación y los criterios generales de programación. En el primer capítulo propone una medida indiscutible: que los cargos del consejo de administración tengan una permanencia de seis años, desvinculando su continuidad del calendario electoral cuatrienal, fórmula vigente que vicia los cargos al asociarlos automáticamente con los resultados electorales. Cuatro de sus miembros serían elegidos por el Parlamento; dos, por el nuevo Consejo Audiovisual y, lo que puede crear agravios comparativos, otros dos, por las centrales sindicales mayoritarias. Entre las atribuciones de este consejo figura, como novedad, la elección del director general de RTVE por concurso público, como ocurre en la BBC, una medida renovadora que permitirá ver anuncios en prensa en busca del candidato adecuado.
La idea de un organismo regulador no es nueva. Ya el Senado, por consenso, la propuso en 1995, aunque la política cotidiana se encargó luego de que pasara a dormir el sueño de los justos. Ahora resucita, pero necesitará de verdadera voluntad política para que exista y tenga poderes para ejercer sus facultades. El Consejo Audiovisual sería el responsable de velar por el cumplimiento de las misiones de un servicio público y de la ejecución de gasto. A este respecto, el capítulo sobre la financiación "prohíbe un nuevo endeudamiento", reduce la publicidad en la primera cadena de TVE, que aportaría el 40% de los ingresos, y propone una financiación pública del 45%-50%. Se trata, según el informe, de impedir que "la presión comercial desnaturalice el servicio público". Menciona la necesidad de "plantillas adecuadas", pero evita dar recetas claras contra el gigantismo inadministrable de RTVE y parte de poner a cero el reloj de la deuda mediante su asunción por el Estado.
Los enunciados del informe sobre los criterios de programación son lógicos, pero la aceptación de indicadores cuantitativos y cualitativos para el control de su cumplimiento es otra de las tareas pendientes. Ahora hay que discutir a fondo, ajustar y aplicar los criterios enunciados. Las propuestas de los sabios deben tenerse en cuenta como lo que son: propuestas, que exigen un gran debate público, sobre todo si se trata, como parece, de un intento de crear un nuevo modelo de medios de comunicación audiovisuales.
Éste es un campo en el que fácilmente se puede incurrir en el arbitrismo o en los excesos de la imaginación creativa, que con frecuencia alumbra resultados catastróficos en forma de nuevas burocracias inútiles o de controles absurdos. Parangonar las fórmulas que pueden ser útiles para la radio o la televisión públicas con las que necesita una agencia de noticias, por ejemplo, puede dar lugar, quizá, a fórmulas de un intervencionismo rechazable. De ahí que merecerán un análisis más pormenorizado las propuestas sobre la agencia Efe, que en muy pocas cosas permite un tratamiento similar al que recibe RTVE y, sin embargo, forma parte del encargo recibido por el comité para realizar su dictamen. Una vez consultados los sabios, la sociedad española necesita ahora que sus políticos no la defrauden en este empeño.
