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Una crisis política de 108 millones

El urbanismo de Majadahonda está muy revuelto, tanto que ha provocado una profunda crisis de gobierno. La razón es el supuesto agujero de 108 millones que sufren las arcas municipales debido a la realización de numerosas actividades urbanísticas promovidas por la empresa municipal Pammasa, que preside el actual alcalde, Narciso de Foxá, del PP.

El grupo municipal del PP (con 15 concejales) saltó en pedazos el pasado día 3 febrero cuando se conoció lo que el grupo municipal socialista de la localidad llama el permutazo y que fuentes municipales del PP avalaban con un informe bajo el brazo.

En síntesis, el mecanismo de estas operaciones urbanísticas era el siguiente: el Ayuntamiento tenía parcelas donde se podían edificar viviendas privadas. Estos solares se los cedía gratuitamente a la empresa municipal Pammasa. Posteriormente, esta sociedad, propiedad del Ayuntamiento, cambiaba con determinadas promotoras -que estaban obligadas por ley a edificar pisos protegidos en otra parte del pueblo- los derechos para poder edificar viviendas libres en ese suelo municipal. A cambio de esta permuta, la constructoras pagaban 30.000 euros por piso privado que conseguían en la permuta.

De esta manera, el Ayuntamiento se quedaba obligado a edificar las viviendas públicas que deberían de edificar los constructores privados, mientras que éstos obtenían, por muy poco dinero, el suelo municipal para levantar casas privadas. Ésa era la clave.

Esta operación afectó a un total, según los socialistas, de 1.285 viviendas y causó unas pérdidas para el Ayuntamiento de Majadahonda de los citados 108 millones.

La parcela RN1

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Precisamente, la parcela RN1 (con 261 viviendas) es a la que se refiere la información de ayer de la Cadena SER. Según los dos concejales díscolos del PP, Guillermo Ortega, hasta hace unas semanas alcalde de Majadahonda, descubrió lo que Foxá estaba haciendo con Pammasa: descapitalizar supuestamente el Ayuntamiento.

Ortega, siempre según estas fuentes, paró la operación proyectada por Foxá en la RN1 -intercambiar los derechos de edificación con una promotora privada llamada Afar 4- y decidió sacar a concurso la citada parcela al considerar que su valor era muy superior.

Por este terreno, según los cálculos de Ortega, se podrían obtener unos 54 millones. Foxá denunció entonces que Ortega quería favorecer a una determinada inmobiliria con este nuevo concurso. Pocos días después, Ortega dimitió alegando problemas de salud. El PP, finalmente, nombró a Ortega presidente del Mercado Puerta de Toledo, y a Foxá, alcalde. La crisis, supuestamente, estaba cerrada.

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