Lula, la economía brasileña y las políticas sociales
Al completar la primera mitad de su mandato, aunque sea un balance parcial, es posible apuntar avances, límites y los rumbos para los próximos dos años del Gobierno de Lula. De acuerdo con la natural divergencia democrática, algunas evaluaciones han sido construidas de forma incorrecta e incompleta, dejando fuera de la discusión acciones gubernamentales consistentes y responsables en un Brasil aún marcadamente injusto.
Un punto en común en muchas de esas críticas se basa en un entendimiento equivocado y no respetuoso de que el Partido de los Trabajadores (PT) instauraría una situación caótica en la economía, y en una visión falsa sobre la estabilidad heredada del Gobierno anterior. En verdad, el Brasil entregado al presidente Lula se encontraba cerca de la insolvencia. Veamos los hechos.
Nunca se invirtió tanto en políticas sociales como con el actual Ejecutivo brasileño
Las proyecciones para la inflación en el año 2003 eran alarmantes -algunos datos apuntaban a un índice de cerca del 40% al final del mencionado año-. En el Gobierno de Lula la inflación fue reducida a una media del 8,65%, inferior inclusive a los 12,65% del periodo de Gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El riesgo país, que en el último año del Gobierno anterior llegó a romper la barrera de los 2.400 puntos, retrocedió sustancialmente y hoy se encuentra en 430 puntos. La media de crecimiento económico del Gobierno de Cardoso, en ocho años, fue de 2,3%, al tiempo que, considerando el crecimiento de los dos últimos años, el Gobierno de Lula proyecta, para el mismo periodo, una tasa media de crecimiento del 5,2%. La carga tributaria, que tuvo una elevado aumento durante la gestión anterior, sufrió una reducción -si comparamos 2003 con 2002- del 35,53% al 34,88% del producto interior bruto. La reforma de la previsión social implementada en el Gobierno de Lula evitó que se comprometiera el futuro de la Seguridad Social, además de disminuir el abismo existente entre los trabajadores del sector privado y del sector público.
No es posible, por lo tanto, aceptar la crítica de que el Gobierno de Lula trató de seguir la misma política de su antecesor. Al contrario: incluso en las condiciones heredadas -un grave escenario de inestabilidad y de secular injusticia y exclusión social- fue posible para el actual Gobierno avanzar hacia la estabilidad económica y la construcción de las bases para retomar un proceso sustentable de desarrollo y de las inversiones públicas.
Algunos críticos se refieren a la gestión administrativa de forma completamente inadecuada. No reconocen, de modo apropiado y responsable, en qué medida este Gobierno -creando las condiciones económicas favorables y asegurando el poder de compra de la población con bajos ingresos- asume la política social como prioridad. Incluyendo en el debate la cuestión agraria, en particular la cuestión de la agricultura familiar, el Gobierno de Lula aplicó en esa área, hasta el momento, un total de 4,5 mil millones de reales, atendiendo aproximadamente a 1.400.000 familias. Eso significa el doble de recursos invertidos, si los comparamos con los del Gobierno anterior durante el periodo 2001/2002 (2,37 mil millones de reales para atender a 904.000 familias) y cerca de un 50% más de éstas amparadas en la agricultura familiar.
Las evaluaciones apresuradas en torno a la reforma agraria son fácilmente refutadas cuando se exhiben los indicadores de la actuación del Gobierno de Lula. En el 2004, 81.000 familias fueron beneficiadas con la reforma agraria, número que es mayor a la media anual de 65.000 familias que se beneficiaron en el periodo 1995-2002. Además de realizar una reforma agraria masiva, estamos recuperando la capacidad productiva y mejorando la calidad de vida de los campesinos. El Gobierno ya aseguró servicios de asistencia técnica y extensión rural a cerca del 70% de las familias beneficiadas, número inédito en la historia de la reforma agraria en el país. Al final de 2006, todos los campesinos tendrán asistencia técnica calificada.
Nunca se invirtió tanto en las políticas sociales como en el Gobierno de Lula. Las diversas políticas públicas pasan por afrontar problemas que, aún en el siglo XXI, afligen a la población con más carencias, como por ejemplo la falta de energía eléctrica, que será universalizada en un proceso que culminará en 2008. Otro frente decisivo es el rescate, en carácter de emergencia, de sectores de la población de bajos y bajísimos ingresos.
El programa Fome Zero (Hambre Cero) es un ejemplo de formulación de una política de inclusión social en el que toda la sociedad está involucrada. En él encontramos las diversas acciones y planes de combate a la pobreza en el país, donde el hambre es el problema más grave. El Bolsa Familia, programa que unificó varios otros programas separados en el Gobierno anterior (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação y Auxilio Gas), permitió al Gobierno de Lula distribuir 72,00 reales por familia, alcanzando 6.500.000 casas. La política anterior sumaba una media por familia de 24,00 reales, atendiendo un poco más de dos millones de familias.
La educación, por su parte, se encuentra en el centro del proyecto de desarrollo de una nación soberana, prioridad del Gobierno de Lula, que tiene para 2005 un aumento presupuestario que lo eleva a 20,7 mil millones de reales. En 2004, el programa Universidad Para Todos posibilitó 112.000 plazas nuevas, a través de un programa de becas, a los jóvenes de baja renta. La Universidad, en el sistema público federal, hasta el Gobierno pasado proporcionaba el acceso a 122.000 plazas. El nuevo programa, prácticamente dobló el acceso a la educación superior. En la educación básica, después de casi diez años sin aumento, ya en el primer año del actual Gobierno el Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), reajustó en 116% el valor per cápita de la merienda escolar en el preescolar. El PNAE es el mayor programa de alimentación escolar del mundo: atiende al 21% de la población brasileña, 37,8 millones de alumnos de guarderías, preescolar, enseñanza básica y comunidades indígenas.
Todas esas acciones, sumadas a la suspensión del proceso de privatizaciones -en el Gobierno anterior fueron vendidos 100.000 millones de dólares de activos públicos- y la recuperación del rol del Estado, configuran un nuevo y distinto modelo de gestión política-administrativa. El Estado mantiene sus responsabilidades y actúa como elemento central en la articulación de políticas públicas que puedan reducir el costo social, generado por las consecuencias excluyentes de acciones coordinadas exclusivamente por la lógica de los movimientos de mercado.
Se tornaron políticas de Estado, además del combate incesante a la corrupción y al desvío de recursos públicos, las acciones inspiradas en el fortalecimiento del diálogo social. El Consejo de Desarrollo Económico y Social, creado en el Gobierno de Lula, posibilita el diálogo con toda la sociedad civil y, a través del movimiento social y popular, tiene amplia audiencia para la discusión de las políticas públicas.
La política exterior ha sido otra marca distintiva, como la contestación abierta y consistente de muchas de las posiciones defendidas por los países más desarrollados, y la defensa de un mercado internacional más equilibrado y justo. De ese movimiento de contestación surgió la creación del G-20, hoy reconocido como legítimo interlocutor del mundo en desarrollo. Junto a esa postura soberana, la política exterior privilegia los temas sociales y coloca en la agenda internacional el desafío de combatir el hambre y la miseria, problemas que atañen a gran parte de la humanidad.
El pueblo brasileño no solamente respondió al sentido del mandato del presidente Lula -el compromiso con el cambio, como reafirma a cada investigación-, con su confianza y amplio apoyo. Apoyo a un Gobierno que, en menos de dos años, recuperó la economía del país, rescató el compromiso con las políticas sociales y transmitió credibilidad internacional al Brasil, insertándolo soberanamente en el escenario mundial.
El autor sostiene que el Gobierno de Brasil
ha diseñado las bases para avanzar
hacia un nuevo desarrollo económico.
Tarso Genro es ministro de Educación y ha sido ministro para el Desarrollo Económico y Social de Brasil.
