Con los papeles casi listos

Miles de empresarios están regularizando la situación de sus trabajadores inmigrantes en 160 oficinas de la Administración repartidas por España. En ellas tienen que presentar los expedientes de los inmigrantes sin papeles con los que estén dispuestos a firmar un contrato de trabajo. Las oficinas estarán abiertas hasta el 7 de mayo. Aún así, los empleadores piden más tiempo para resolver los problemas que están teniendo con la tramitación de los papeles. En el sector agrario, las malas cosechas de este año están perjudicando la demanda de empleo. Un 70% de los contratos pertenecen al sector servicios (hostelería principalmente), un 20% a la construcción y el 5% a la industria, según datos de CC OO.

Muchos inmigrantes no tienen el certificado de empadronamiento, que es un requisito imprescindible en el proceso

Los empresarios deben presentar un contrato de trabajo firmado con el empleado extranjero por un mínimo de seis meses

Los empresarios que quieran regularizar a sus empleados tienen que entregar las solicitudes personalmente o a través de representantes legales acreditados. Además de la documentación que les entreguen los inmigrantes, los empresarios deben presentar un contrato de trabajo firmado con el empleado extranjero por un mínimo de seis meses.

En los sectores de construcción y hostelería, los seis meses podrían estar repartidos en el periodo de un año y, en el sector agrario, el tiempo mínimo será sólo de seis meses. Es precisamente en este sector donde los empresarios están encontrando más problemas. La sequía y las heladas han destrozado las cosechas, y eso ha hecho que muchos agricultores se lo estén pensando dos veces a la hora de hacer nuevos contratos. "La climatología ha sido tan mala que la demanda de empleo para el proceso de regularización no va a ser tan buena como debería", explica Miguel Afán de Rivera, secretario general de Asaja en Sevilla.

Además, muchos extranjeros no tienen el certificado de empadronamiento, requisito imprescindible en el proceso, porque muchos piensan que hay comunicación entre los Ayuntamientos (emisores del certificado) y la policía. "Pedimos que haya, dentro del control, una cierta flexibilidad para estos inmigrantes que no tienen el empadronamiento", señala Afán de Rivera, que considera que la administración debería de prorrogar el plazo para que se pudiesen resolver todos los flecos.

Muchas asociaciones y confederaciones de empresarios se muestran, de momento, cautas a la hora de hacer balance sobre cuántos empleadores formarán parte del proceso. Por ejemplo, desde la Asociación de Empresas de la Construcción explicaron que consideran que todavía es pronto para hacer cualquier tipo de valoración.

Junto con la agricultura y la construcción, el sector hostelero es uno de los grandes implicados con la nueva medida gubernamental. Muchos empresarios han acudido a regularizar a sus empleados. La Asociación de Bares de Copas de Madrid ha enviado una circular a todos sus asociados informándoles de los trámites: "Reconocemos que el sector no está todo lo regularizado que nos gustaría. Los empresarios nos cuentan que están en ello, y que tienen problemas con el papeleo: con el certificado de penales y con el de empadronamiento", señala Juan Valenzuela, miembro de la asociación. El 60% de los trabajadores en hostelería son inmigrantes. "Y va aumentando", añade Valenzuela.

Rafael Andrés Llorente, vicepresidente de la Asociación madrileña de Empresas de Restauración (AMER) espera que si los empresarios siguen encontrándose con trabas burocráticas, el proceso finalmente se alargue con una prórroga. Su asociación agrupa a más de 1.000 empresas entre las que se encuentran Vips y El Corte Inglés.

Jesús Gatell, presidente de los hoteleros de Madrid, explica que en su sector hay muy pocos empleadores que hayan demandado información sobre la regularización. "En los hoteles todavía hay un número reducido de inmigrantes trabajando", asegura Gatell.

La Administración comunicará a los interesados la resolución de los expedientes. Si es afirmativa, dará al extranjero una autorización de residencia y trabajo condicionada a que el empresario le dé de alta en la Seguridad Social. Una vez producida el alta, el empresario deberá registrar el contrato en el servicio público de empleo antes de diez días. Si pasado un mes el alta en la Seguridad Social no se hubiera producido, la autorización quedará invalidada.

Sólo en Cataluña, UGT calcula que el 25% de los inmigrantes sin papeles pueden quedar fuera del proceso por no estar empadronados hace seis meses y por la negativa de las empresas a hacerles un contrato de trabajo, que en algunos casos han llegado a despedir al extranjero cuando lo pedía. CC OO denunció también que más de la mitad de los empresarios que emplean a irregulares los han despedido o se niegan a darles de alta. El sindicato amenazó con hacer pública una lista con sus nombres cuando concluya el proceso.