En la senda de la reprivatización

La pugna por las tarifas argentinas ha tomado un nuevo sendero, el de la posibilidad de que el Estado entre en el capital de empresas privatizadas. No es que el Gobierno planee aplicar esta medicina a nivel general, pero está pensando aplicarla a una de las concesiones más polémicas, la de Aguas Argentinas, controlada por la francesa Suez (40%) y cuyo 25% pertenece a Aguas de Barcelona (Agbar).

El director general de Aguas de Barcelona, José Vila, se quejó ante Rodríguez Zapatero de la inseguridad jurídica de Argentina

El Ejecutivo de Buenos Aires ha advertido de que la disputa con Aguas Argentinas podía desembocar en la reestatalización de la operación

Las negociaciones se encuentran estancadas desde que hace un mes se discutiera en París en el máximo nivel: entre el presidente argentino, Néstor Kirchner, y su par de Francia, Jacques Chirac. El jefe del Elíseo planteó que la resolución del conflicto con Suez, el mayor inversor francés en Argentina, resultará clave para el futuro de las empresas de su país en la tercera economía latinoamericana.

Tras ese encuentro, el ministro de Planificación, Julio de Vido, declaró que su nueva propuesta consistía en que el Estado financiara parte de la expansión de la red de agua potable y cloacas a cambio de una participación en la empresa que 1993 recibió del Gobierno de Carlos Menem la mayor concesión de este servicio en el mundo, la que abastece a 11 milllones de habitantes de Buenos Aires y sus suburbios. Un día antes, el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, había advertido de que la disputa con Aguas Argentinas podía desembocar en la reestatización de la operación.

Antes de que se desatara el debate de la desdolarización y congelación de tarifas, en plena crisis nacional de 2002, la empresa había negociado varias veces la reformulación del contrato con los Gobiernos de Menem y de Fernando de la Rúa. El de Kirchner la acusa de forzar esos cambios por los incumplimientos en los compromisos originarios de inversión. Por eso la amenazó con la rescisión de la concesión. La primera vez fue a principios de 2004. Finalmente se firmó un acuerdo transitorio hasta diciembre último por el que Aguas Argentinas se comprometió a invertir en 2004 unos 64 millones de euros y a congelar su demanda de 461 millones contra el Estado por la ruptura contractual de 2002 ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. A cambio, no hubo ajuste de tarifas, pero sí la suspensión de multas impagadas por 16 millones. Los precios debían definirse en enero en un contrato definitivo.

Largas discusiones

La negociación entre el Gobierno y la compañía se dilató tanto como las otras discusiones con las privatizadas. Ambas partes coincidieron en que se necesitan 105 millones de euros anuales para que al final de la concesión, en 2023, llegue el agua potable y las cloacas a las más de cuatro millones de personas que carecen de ellos en los alrededores de la capital argentina. La empresa aclaró que, con las tarifas actuales, sólo puede desembolsar 47 millones. Para alcanzar el nivel necesario, Aguas Argentinas exigió que suban sus ingresos un 60%, aunque admitió que el incremento puede lograrse por un aumento de tarifas o por el aporte de capital de otro socio, como el Estado, un subsidio, la creación de un impuesto o la rebaja de la carga tributaria que pagan los usuarios.

Antes de la visita de Kirchner a París, la empresa había amenazado con dejar la concesión y había rechazado la posibilidad de una empresa mixta, pero en la actualidad no descarta opciones. En los días previos a ese viaje, miles de vecinos de barriadas pobres de Buenos Aires sufrieron cortes de agua en pleno verano, por lo que el Gobierno multó a Aguas Argentinas con 526.000 euros y le ordenó el pago de las sanciones anteriores.

En la gira francesa, el ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, confesó que se negociaba un aumento de tarifas del 16% a cambio de que la empresa invierta 63 millones, mientras que los restantes 42 millones correrían por cuenta del Estado. Con un discurso de barricada en los suburbios bonaerenses, Kirchner desestimó días más tarde el alza de precios que resultaría impopular.

El director general de Aguas de Barcelona, José Vila, se quejó de la inseguridad jurídica en Argentina hace tres semanas en un desayuno en Buenos Aires de empresarios españoles con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de los obstáculos al ingreso del Estado como socio de Aguas Argentinas radica en que ésta ha caído en suspensión de pagos en 2002 por la imposibilidad de afrontar una deuda de 538 millones. En el Gobierno del peronista Kirchner, abrumado por los tres años de moratoria de la deuda pública, nadie quiere hacerse cargo de otro pasivo.