El Gobierno adelanta las condiciones para apoyar la reforma del Estatuto de Cataluña
El Gobierno socialista ha precisado, por vez primera, las condiciones para su apoyo a la reforma del Estatuto de Cataluña y se las ha hecho saber a la Generalitat de Cataluña. Exigirá que el Estatuto reformado no sirva como instrumento para modificar leyes orgánicas, como la del Poder Judicial, la del Régimen electoral, la de Financiación de las Comunidades Autónomas o la reforma del Senado, que deben materializarse a través de leyes generales y, en el caso del Senado, de la reforma constitucional.
Tampoco aceptará que se desvinculen los ingresos de la Generalitat de las competencias del Gobierno autónomo, esto es, la creación de un nuevo Cupo como fórmula de financiación. Rechazará que la Generalitat se "blinde" en materia competencial, es decir, impedirá la pretensión del texto de asumir todas las competencias no atribuidas expresamente al Estado, así como un uso generalizado del artículo 150,2 de la Constitución, que permite la cesión a las comunidades autónomas de las competencias exclusivas del Estado.
Tampoco aceptará un nuevo Cupo, esto es, que los ingresos de la Generalitat se desvinculen de las competencias
Zapatero rechazará que la Generalitat asuma todas las competencias que no están atribuidas expresamente al Estado
El Ejecutivo socialista se opondrá a que el Estatuto reforme leyes orgánicas como la del Poder Judicial o la Electoral
Estas condiciones las expuso el martes el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en su encuentro en Barcelona, y también las está dando a conocer a los partidos catalanes.
Rodríguez Zapatero se comprometió en noviembre de 2003, en la campaña electoral catalana, a respaldar la reforma del Estatuto que salga del Parlamento catalán. Este compromiso obliga al Gobierno socialista a acordar los aspectos más conflictivos del Estatuto con los partidos implicados en la reforma en breve plazo, entre febrero y marzo, pues Maragall pretende que la ponencia parlamentaria del Estatuto acabe sus trabajos para el verano.
El Gobierno socialista concede especial importancia al resultado de la reforma del Estatuto de Cataluña porque será el referente de las demás reformas estatutarias que llegarán a las Cortes desde, al menos, diez autonomías, entre finales de 2005 y 2006. En esas condiciones, el Gobierno ha decidido plantear sus reservas en aquellos aspectos del borrador con el que trabaja la ponencia parlamentaria, el texto enviado por el Institut de Estudis Catalans, que le parece que cuestionan su constitucionalidad.
La primera de las reservas del Gobierno socialista procede de la pretensión del Estatuto reformado de ser un instrumento para modificar leyes orgánicas del Estado. El texto que manejan los ponentes modifica, entre las más importantes, la ley del Poder Judicial, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, la del Régimen Electoral, la del Derecho de petición y la del referéndum. También modifica el artículo 3 de la Constitución, al proponer el deber de conocer el idioma catalán. La Constitución reconoce el derecho, no el deber.
"Si estas pretensiones salieran adelante, el Parlamento de Cataluña estaría diciendo al español lo que tiene que hacer. Las Cortes no pueden aceptar que no les dejen opinar y que les quiten competencias", señalan fuentes gubernamentales.
"No todo cabe en el Estatuto, a riesgo de hacerlo inabarcable", dijo el ministro de Administraciones Públicas en una conferencia en el Círculo de Economía de Barcelona, tras reunirse con Maragall. Se refería a que materias que serán reguladas por leyes orgánicas, como la del Poder Judicial, no deben figurar en el Estatuto. Tampoco debe figurar la reforma del Senado, que es un compromiso alcanzado por el Gobierno socialista para materializarlo a través de una reforma constitucional. O el modelo de financiación autonómica, que tendrá que pactarse entre todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En cuanto al modelo de financiación autonómica, el Gobierno socialista "no aceptará que se desvinculen los ingresos de la Generalitat de las competencias que tiene". Dicho de otro modo, rechaza la pretensión, adelantada por CiU y ERC, de vincular los ingresos de la Generalitat a la capacidad fiscal de Cataluña, esto es, de "crear un Cupo a la vasca". "Las autonomías, por su cuenta, no pueden poner límites a la solidaridad. Son todas las que deciden" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La tercera reserva importante del Gobierno socialista a la propuesta de reforma del Estatuto procede de la pretensión de la Generalitat de asumir todas las competencias que no aparecen atribuidas expresamente al Estado, esto es, las compartidas.
También se opone el Ejecutivo socialista al uso discrecional por la Generalitat del artículo 150,2 de la Constitución, que permite la cesión de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Este artículo sólo se ha utilizado en tres ocasiones en los 26 años de vigencia de la Constitución. "Estas cesiones a la Generalitat romperían el principio de igualdad de todos los españoles".
El Gobierno aún no se ha definido sobre otra de las cuestiones más debatidas: la denominación de la comunidad catalana. El ministro de Administraciones Públicas, en su intervención en Barcelona, identificó "nacionalidades" con "naciones sin Estado".
