77 empleados del metro y FGC fueron agredidos el año pasado

En Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), el año pasado hubo 40 agresiones hasta noviembre. Un total de 14 contra empleados y 26 contra vigilantes. En el metro, 37 trabajadores fueron agredidos. Son mínimas, en opinión de FGC y Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), teniendo en cuenta los millones de usuarios anuales. Son demasiadas, según los sindicatos, que piden que se aumenten las plantillas de seguridad.

"¿Pero cómo queréis que pegue a una mujer?", preguntó José, vigilante de FGC, a los compañeros que le visitaron en el hospital. Porque él, de 1,90 metros de altura y 120 kilos, no quiso pegar; pero ellas, cuatro muchachas, lo pusieron a caldo. Le propinaron golpes de todo tipo con su propia porra y una buena dosis de patadas, según revelan los vídeos de vigilancia de la empresa.

Antes de la agresión sufrida por José el pasado 12 de diciembre se habían producido otras 39 en las instalaciones de los FGC. Además, se contabilizaban 169 incidentes, es decir, conflictos entre usuarios y vigilantes "sin final dialogado". O sea que acabaron a golpes y en comisaría.

En relación con los casi 70 millones de usuarios, el porcentaje de conflictos es del 0,0002%. "Son muy pocas y ocasionales. No es un problema primordial", aseguran desde FGC. Según fuentes sindicales, faltan vigilantes y medios.

Entre semana trabajan tres parejas por la mañana, seis por la tarde y nueve los fines de semana. Además, agentes del Cuerpo Nacional de Policía patrullan de incógnito por las instalaciones. "Sólo actúan de forma preventiva; el 99,8% de las intervenciones se las tiene que comer un vigilante", sostiene un representante sindical de la seguridad del FGC.

Desde 1991, los vigilantes carecen de la potestad de un agente de la autoridad y no pueden llevar armas de fuego. Ante un grupo de jóvenes drogados o bebidos y armados, la porra disuade poco. "Cuando nos ven, muchos dicen: 'A éstos nos los comemos", afirma el sindicalista. Ahora, los vigilantes tienen que llamar a la policía para que detenga e identifique a los alborotadores.

Los puntos negros de FGC son las estaciones de Sant Cugat (los fines de semana, por las cercanas carpas musicales), la del Peu del Funicular y la de la plaza de Catalunya. En todas ellas se ha reforzado la seguridad.

La red dispone de un complejo sistema de cámaras, con 582 unidades. Las medidas de seguridad pasiva crecen mientras el número de vigilantes se mantiene. "A veces nos vemos desbordados. Queremos más hombres. Las cámaras advierten del problema, pero a veces estamos a cuatro paradas de distancia y es imposible llegar a tiempo", afirma el vigilante de FGC.

"Una cámara no me va a parar un guantazo", coincide Jordi Rodríguez, representante sindical de los trabajadores del metro, donde hasta noviembre se habían contado 37 agresiones físicas. Las verbales son incontables y se asumen como inherentes al trabajo. Rodríguez sostiene que el vandalismo es habitual. Un total de 247 incidentes entre usuarios y vigilantes han terminado en comisaría.

En el metro hay dos parejas de vigilantes por cada una de las cinco líneas, más doce caneros (vigilantes con perro), según Rodríguez. La red tiene unas 2.500 cámaras. El presupuesto para seguridad aumentará este año el 40%, que se destinará a medidas pasivas y plantilla. Los problemas se concentran en los primeros trenes que circulan los fines de semana en las estaciones de Ciutadella (en los aledaños del Port Olímpic), Alfons X (por varias discotecas cercanas) y Torre Baró (por los que llegan desde los centros de ocio del Vallès), según fuentes sindicales, pero también en los extremos de lass líneas.

La mala imagen que arrastran los vigilantes jurados está detrás de muchas agresiones, sostiene el representante de la seguridad en FGC. "Nos insultan y pegan a veces sólo por el uniforme". En el cuerpo domina cierta frustración por la imagen que irradian, más cercana a la del matón de discoteca que a la de un agente que se enfrenta a problemas con escasos medios. Y es que, como dicen los portavoces de las empresas, el asunto no es prioritario. Primero fueron los cristales, luego las paredes, ahora las personas. La veda sigue abierta.