España y la UE negocian el calendario para recuperar las ayudas a Izar

El Gobierno español y la Comisión Europea negocian estos días el calendario y la fórmula de pago para que Izar pueda devolver las ayudas ilegales que recibió sin poner en peligro los puestos de trabajo y la viabilidad de la empresa, según informó ayer el portavoz de Mario Monti, el comisario de la Competencia. Por su parte, los seis sindicatos de Izar han unificado su propuesta con vistas a la próxima negociación con la SEPI. Se oponen a la segregación de los astilleros militares y se abren a la entrada en minoría de capital privado.

"No es intención de la Comisión poner en peligro a los astilleros españoles, y esto hay que subrayarlo de una vez por todas", añadió el portavoz. Por eso, agregó, la devolución de los 308 millones de euros que ha exigido el Ejecutivo comunitario es "negociable". Se refería a la decisión sobre Izar adoptada por la Comisión Europea el pasado 12 de mayo, según la cual los astilleros públicos deben devolver al Gobierno 308 (376, con intereses) de un total de 500 millones de euros de ayudas públicas recibidas a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Al margen de esta decisión, el Ejecutivo comunitario también analiza estos días qué otras ayudas gubernamentales dedicadas a Izar deben ser reclamadas a la empresa. De este segundo paquete, fuentes de la Comisión calculan que a los astilleros se les exigirá de nuevo que devuelvan "entre 500 y 1.000 millones".

Con respecto a los primeros 308 millones, "que no es una cantidad monstruosa", en palabras del mismo portavoz, el Gobierno español tiene "margen de maniobra" con Bruselas para negociar un plan y un calendario de devolución de ayudas. "Comunicamos la decisión a España y el Gobierno está en contacto con nosotros para tratar la fórmula de reembolso y para pactar juntos un calendario", siempre "con el interés primordial de no cuestionar la supervivencia de la empresa".

El mismo portavoz insistió en que el problema consiste, precisamente, en conjugar esa devolución de ayudas, de un lado, y la supervivencia de la empresa, de otro, pero repitió que Bruselas debe perseguir las ayudas ilegales que distorsionan la competencia, entre otras razones porque, además, hay países (sobre todo nórdicos) que ya han realizado reconversiones para ajustarse a esas normas de la competencia y ahora se quejan de las ayudas públicas aportadas a los astilleros españoles.

No obstante, la Comisión ha logrado en muy pocas ocasiones que las empresas devuelvan a sus respectivos Gobiernos ayudas consideras ilegales. En Francia y Alemania ya se han registrado varios casos y, aunque el Ejecutivo comunitario ha acudido a los tribunales, las ayudas no han podido ser recuperadas bien porque alguna de las empresas se ha declarado en quiebra o bien porque, al tratarse en otros casos de empresas públicas, los Gobiernos han encontrado fórmulas financieras y legales para eludir sus compromisos.

La SEPI, por su parte, quiere ganar tiempo para poder negociar con los sindicatos la segregación de los astilleros militares, ya registrada aunque debe esperar el plazo legal (52 días desde principios de agosto) para que esté hecha. En cuanto se publique la resolución, en dos meses hay que liquidar Izar, ya que los recursos propios son de 270 millones y le exigen revolver ayudas públicas por 376 millones.

Los sindicatos acudirán mañana a la segunda reunión sobre el futuro de Izar con la SEPI con una exigencia: las propuestas de solución del futuro de Izar deben englobar toda la empresa y no aceptarán la segregación de los astilleros militares. Así lo afirmaron ayer los dos sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT), que cuentan con el apoyo de los cuatro minoritarios. Por contra, están dispuestos a que se negocie la entrada de capital privado, siempre que la empresa quede bajo control público.