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Tribuna:

Igualdad, paridad y violencia

Los notables avances, jurídicos y reales, logrados en torno a la igualdad entre varones y mujeres, una de cuyas muestras más llamativas está en las tasas de escolarización universitaria, no evitan la evidencia del largo camino que aún queda por recorrer y que tiene su expresión más lacerante en el reparto y la remuneración del trabajo. Las diferencias en las tasas de paro, los menores salarios para tareas parecidas o iguales y la muy desigual distribución del trabajo doméstico en perjuicio de las mujeres que también trabajan fuera del hogar muestran la notable discriminación subsistente. A ello se une una distribución nada equitativa de la jerarquía laboral, con la excepción, quizá, de la función pública.

El camino recorrido en pos de la igualdad ha tenido como principal protagonista al movimiento feminista que, desde los ya lejanos años del sufragismo, ha liderado esos cambios. Sin embargo, en los últimos lustros, ese movimiento, influido por las ideas del feminismo fundamentalista norteamericano, ha tomado en Europa otro camino. "El camino equivocado", frase que da título a un libro de Elisabeth Badinter, la notable feminista francesa. En efecto, este feminismo, paradójicamente, pretende argumentar que nada ha cambiado y se dispone a levantar una muralla china entre los dos sexos. "Todas víctimas" y, por lo tanto, "todos verdugos". Por otro lado, estas posiciones ideológicas, como era de temer, pretenden imponer usos "adecuados" en el ámbito más íntimo y erótico. "Por una sexualidad sana y gozosa", dicen, una sexualidad "decente" que niega las peculiaridades, tanto femeninas como masculinas, pidiendo, por ejemplo, que se castigue penalmente la prostitución (sin distingos entre la elegida y la forzada) y la pornografía. De improviso, el varón se ha convertido en un enemigo a batir.

Es ese diferencialismo el que ha conducido a defender (y conseguir) la paridad que consagra el principio nada igualitario según el cual hombres y mujeres son entidades diferentes, pues se es seleccionado, antes de por cualquier otro mérito o capacidad, en función de la condición sexual. Lo cual contradice el concepto de igualdad consagrado en todas las constituciones modernas y, desde luego, en la española.

Cabe preguntarse cómo se ha llegado a ello sin apenas protestas, al menos, en la esfera mediática. La respuesta, en todo caso, ha de contemplar dos hechos:

1. La "paridad" es algo concreto, mientras que la igualdad es abstracta y en los tiempos que corren la abstracción tiene perdida la partida.

2. Los varones, los teóricos perjudicados, prefieren el silencio a ser tachados de machistas y de reaccionarios.

Pero hay un hecho más que no debe pasar desapercibido: la paridad se pretende aplicar casi exclusivamente a la política, y eso a los "poderosos de la tierra" les trae más bien al fresco, al menos, mientras la marea no amenace a los consejos de administración. ¿Cuántas mujeres dirigen periódicos en España? ¿Cuántas presiden las grandes entidades financieras o industriales? En cualquier caso, dada la baja tasa de afiliación femenina a los partidos políticos, la paridad es una discriminación ("acción positiva" se dice ahora) y toda la discriminación en la selección del personal, independientemente de que sea justa o injusta, produce un despilfarro de recursos humanos.

Esa barrera infranqueable, esa lucha de sexos, que las más radicales pretenden conducir, tiene su expresión más desalentadora en el tratamiento intelectual de la violencia doméstica o de género, donde, negando el análisis, se pretende que todo ese complejo fenómeno se reduce a un solo impulso: la violencia intrínseca del macho, aunque sea intelectualmente ilegítimo sumar asesinatos con presiones psicológicas. La campaña emprendida, cuyos efectos positivos son evidentes, también se pretende explotar para, a partir de unos comportamientos patológicos, deducir una ley general acerca del mal comportamiento de los varones en general.

Los asesinatos, malos tratos, coacciones o presiones psicológicas producidas en el seno de las parejas, de los que son víctimas, mayoritariamente, las mujeres constituyen un escándalo y lo son en una doble acepción:

1. Como hechos que conmueven y "escandalizan" las conciencias.

2. Como "escándalo" en el sentido mediático del término.

Es sobradamente conocido que un "escándalo" mediático exige, entre otras cosas, lo que los comunicólogos llaman una "espiral de silencio", lo cual significa que quien se oponga a sus premisas o pretenda analizar o, simplemente, matizar los hechos constitutivos del "escándalo" quedará, ipso facto, demonizado y, en todo caso, desautorizado. Aprovechando este tornado arrasador es como se suelen imponer ideas simples y claras, respondan o no a la realidad. En el caso de la violencia de género, es a través del "escándalo" mediático como se expresa esa ideología fundamentalista a la que se ha hecho referencia más arriba y que en este caso maneja dos verdades "reveladas":

1. La violencia de género muestra que, en el fondo, "aquí no ha cambiado nada" en lo que atañe a las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres.

2. La violencia de género es unidireccional, de hombres contra mujeres y nunca al revés. Además, no se trata de una patología social, sino del pan nuestro de cada día.

De poco vale exhibir contra la verdad número 1 datos que muestran los cambios profundos que se han producido en la sociedad española a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay algo más significativo que, por razones obvias, se oculta. A saber: en los países nórdicos europeos, allí donde los indicadores de igualdad entre sexos alcanzan los niveles más altos, es donde las cifras de violencia doméstica son más preocupantes.

En contra de ideas preconcebidas e interesadas, en las sociedades modernas la subordinación de la mujer al hombre no opera ya como motor principal de esa violencia, sino que la subordinación ha sido sustituida, como impulso de esa violencia, por su contraria, la autonomía. Si se analizaran como es debido las cifras españolas se llegaría a la misma conclusión: son los procesos de autonomía (separaciones, divorcios, etcétera) los detonantes de buena parte de los asesinatos de mujeres a manos de sus ex compañeros.

Por otro lado, la verdad revelada número 2 (unidireccionalidad de la violencia) no resiste los resultados de los análisis más solventes. Así, las encuesta sobreviolencia intrafamiliar realizadas en los Estados Unidos arrojan datos nada maniqueos. En los casos de violencia severa, básicamente física, el 35% se atribuyen al hombre, el 30% a las mujeres y el 35% restante a ambos. Cuando se analiza el conjunto de los casos de violencia, incluida la emocional, la doble participación (hombre y mujer) se acerca al 50% de los casos. Datos que no contradicen el hecho de que las víctimas de los asesinatos sean, muy mayoritariamente, las mujeres. (Ver Contra la violencia de género, de Ana I. García y Enrique Gomáriz).

Es cierto que los conservadores tienen querencia a enfatizar los efectos perversos de cualquier medida progresista y la cosa no es nueva. En efecto, cuando los abolicionistas reclamaban el final de la esclavitud (práctica que, por cierto, siempre estuvo condenada por la Iglesia, lo que no impidió que preclaros católicos españoles, muy ligados a la Compañía de Jesús, se hicieran de oro ejerciendo de negreros con los barcos de su naviera), los conservadores de la época sostenían que la manumisión general de los esclavos perjudicaría, sobre todo, a éstos. Pero que ésta suela ser la posición de los conservadores no evita que sí existan efectos perversos y que sea conveniente intentar eliminarlos o, al menos, paliarlos, se sea de derechas o de izquierdas.

Pero no se trata aquí, en puridad, de efectos no queridos, sino de una concepción tan errónea como interesada del fenómeno, según la cual la violencia de género es unidireccional (contra la mujer), por lo cual, a la hora de plantear un aumento de la punición penal de estos delitos, sólo han de aparecer como posibles delincuentes los varones. Por extraño que esto pueda parecer, es ésta la posición inicial del Gobierno a la hora de plantear el agravamiento de las penas dentro del proyecto de Ley Orgánica "Integral contra la violencia de género". Una ley que era necesaria, que está correctamente planteada, en tanto que "integral" y que tiene como objetivo principal el de remover los obstáculos sociales de quienes, "sin oficio ni beneficio", no pueden salir del infierno de los malos tratos sin entrar en el no menor de la marginalidad social o la indigencia. Además, claro está, de la construcción de mecanismos que prevengan y eviten la comisión de estos delitos.

Pero ha sido en torno a las modificaciones de algunos artículos del Código Penal donde ha surgido la polémica. Una polémica que, hasta el momento, ha mostrado dos perversiones. En primer lugar, la de colocar el debate sobre la posible inconstitucionalidad de estos nuevos artículos y, en segundo, llevar las discrepancias a la esfera de la confrontación izquierda-derecha.

No se trata de elucidar si los textos, aquellos relativos al agravamiento de las penas, se atienen o no a la Constitución; previamente convendría discutir si son o no convenientes respecto a los objetivos (protección de las víctimas y prevención del delito) que la ley quiere alcanzar, pues una norma legal puede encajar perfectamente en la Constitución y ser un fiasco.

Por otro lado, una ley que incluya nuevas medidas punitivas sólo contra los actores masculinos de agresiones, que ella misma define como leves (incluida la violencia emocional), obliga a un sobreesfuerzo judicial que puede conducir a graves errores, a la inoperancia, pero, sobre todo, es una ley que en ese punto olvida la doble dirección (varón-mujer, mujer-varón) en la que opera la violencia doméstica, aumentando el castigo para ellos y no para ellas.

Es esta concepción sectaria la que lleva a obviar la violencia dentro de las parejas del mismo sexo. A este respecto, conviene conocer los datos que han recogido y publicado algunos grupos lésbicos norteamericanos según los cuales algo más de un tercio de las parejas de lesbianas sufren algún tipo de violencia doméstica.

Joaquín Leguina es diputado socialista y estadístico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de septiembre de 2004