Puerto exterior, discordia interna

El alcalde coruñés, el socialista Francisco Vázquez, uno de los más resistentes activos de la política local socialista, pareció sonar en algunos momentos de la etapa de Gobierno de Felipe González como candidato a titular de lo que entonces era la cartera de Obras Públicas. Con o sin cartera, siempre tuvo, o se le supuso, una gran influencia en los asuntos de infraestructuras. Sin embargo, en los últimos tiempos, lo que le quita el sueño, según ha confesado, son sus desacuerdos con el Ministerio de Fomento que rige su propio partido. Al antiguo alcalde conseguidor, la actual ministra Magdalena Álvarez no le ha contestado siete cartas enviadas pidiéndole audiencia, según afirma el remitente, que considera que eso "puede provocar una crisis institucional". Y todo por un proyecto codiseñado al alimón con el anterior ministro, Francisco Álvarez Cascos (PP): el puerto exterior de A Coruña.

Fomento exige que en los terrenos del puerto actual se construyan viviendas sociales

El traslado del tradicional puerto en el interior de la ría a Punta Langosteira (Arteixo), a mar abierto en una de las zonas más batidas de la costa española, nació en 1995 como un proyecto con no demasiados visos de llevarse a cabo. De hecho, en 2001 el estudio de impacto ambiental fue rechazado por la Dirección General de Costas (y aprobado sin embargo por la Secretaría de Medio Ambiente). Pero el principal escollo fue el informe técnico negativo que realizó el Cedex, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras, dependiente de Fomento. Hasta que sucedió la catástrofe del Prestige.

Durante esta crisis, Vázquez fue el único pero firme apoyo que tuvo el zarandeado PP en filas ajenas, hasta el punto de que el palacio municipal de María Pita fue el lugar donde un Gobierno que aquellos días no podía pisar la calle en Galicia pudo celebrar un Consejo de Ministros. Allí, además de otorgar al alcalde la Gran Cruz de Isabel la Católica, se decidió realizar un estudio de viabilidad del puerto de Punta Langosteira. "Si yo también hubiese salido a la calle, no habría puerto exterior", confesó posteriormente Vázquez en La Voz de Galicia, al tiempo que revelaba que, espiando las fotocopiadoras municipales, descubrió que el Plan Galicia diseñado para aplacar las iras ciudadanas no incluía el puerto, y se enfrentó con el jefe de gabinete del vicepresidente Mariano Rajoy, Francisco Villar. Los gritos interiores del alcalde y los exteriores de miles de manifestantes lograron arrancar el compromiso de estudiar el tema.

Transcurrió un año largo de estudios y declaraciones de diversos estamentos proclamando el proyecto como un polo de atracción para grandes inversiones internacionales, la alternativa del Atlántico sur a los grandes puertos del norte de Europa, el fin de los problemas de seguridad marítima y medioambiental, la garantía del desarrollo urbanístico de la ciudad y, de paso, una solución para el puerto coruñés (cuyos beneficios netos llevan descendiendo desde 1995). El proceso culminó el 2 de febrero, cuando Fomento, la Autoridad Portuaria y los ayuntamientos de A Coruña y Arteixo firmaron el convenio para la construcción de las nuevas instalaciones.

Con todos los vistos buenos oficiales, la dársena de Punta Langosteira sería un alarde de ingeniería, un dique de 3.600 metros de largo y la altura de un edificio de 16 plantas que resistiría olas de 27 metros y podría acoger petroleros de 200.000 toneladas. Estaría terminado en 2013 (las condiciones del mar sólo permiten trabajar 90 días al año) y costaría 630 millones de euros: 265 millones correrían a cargo de la UE, 159 los aportaría la Autoridad Portuaria de A Coruña y el resto se sacaría de las ventas de buena parte del actual puerto (los muelles de Batería, Calvo Sotelo, San Diego, la terminal petrolera y la estación de mercancías de Renfe). Son 430.000 metros cuadrados en pleno centro y al lado del mar, en una ciudad que ha agotado prácticamente su suelo edificable. Fomento pondría 45 millones para viales. Después de la firma, el alcalde de A Coruña regaló a Cascos una reproducción del reloj del Obelisco que preside el centro de A Coruña. "La ciudad tiene contigo una deuda impagable". "Esto cerrará muchas bocas", le dijo.

En realidad, todas se abrían a favor del proyecto. Únicamente, con la boca pequeña, el BNG criticaba el escaso esfuerzo financiero del Estado, y la operación urbanística que suponía desafectar terrenos públicos para construir viviendas de lujo. "Si es una obra de interés general, lo lógico es que la sufrague el Estado. En Madrid no han tenido que vender la Castellana para financiar el nuevo Barajas o la M-40", aseguraba el portavoz municipal nacionalista, Henrique Tello. También Greenpeace ha calificado sin rodeos al proyecto de "nocivo" y de "mera operación urbanística especulativa".

Pero el núcleo duro de los incrédulos es la propia gente del mar. Tanto Benigno Sánchez Lebón, ex práctico mayor jubilado, como su sucesor, Evaristo Landeira, han cuestionado el proyecto. Pero las dudas no asaltan sólo a los prácticos, que por otra parte no han sido consultados para el estudio de viabilidad técnica. Tres días después de la histórica firma, Álvarez Cascos reconocía que todavía no había solicitado a la UE los fondos necesarios y aseguraba que lo haría en el mes en curso. Lo acabó haciendo su sucesora, Magdalena Álvarez. Pese a tener la financiación en el aire, la Autoridad Portuaria aprobó el 23 de febrero el proyecto técnico y el pliego de condiciones para licitar la obra, en aparente contradicción con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (que, obviamente, obliga a disponer del dinero para poder contratar). Vázquez encargó al prestigioso urbanista Joan Busquets el diseño de lo que el alcalde ha denominado "el definitivo sky line de la ciudad".

El 28 de julio se abrieron las plicas y se reveló que optan a construir el puerto las cinco grandes constructoras, unidas en tres grupos (Necso-FCC-Ferrovial, ACS-Dragados y Sacyr Vallehermoso). El consejero de Política Territorial, Alberto Núñez Feijoo, y Vázquez coincidieron en que la alta cualificación de los concursantes garantiza la viabilidad técnica del proyecto. Y es que, medio año después de que A Coruña contrajera la deuda con Cascos, no todos tienen clara la viabilidad: ni la técnica, ni la financiera ni la urbanística.

A pesar de la firme garantía del entonces ministro de Fomento, el Cedex, el mismo organismo que en 2001 había desaconsejado el proyecto por estar "al límite de la viabilidad", continúa realizando pruebas "tras haber constatado problemas en el diseño inicial". La viabilidad financiera depende de la decisión sobre los fondos de cohesión que adopte Bruselas en octubre, y hace un mes, según fuentes de la Comisión, el director general de Política Regional, Ranieri di Carpegna, ya informó al Ministerio de Economía de que no era posible contraer compromisos más allá de 2006, "por lo que siete de las anualidades previstas en el plan financiero no podrían ser comprometidas".

La tercera pata de la viabilidad, la urbanística, choca con la actual política de Fomento, cuya titular ya ha dejado claro que no es muy partidaria de vender suelo público para otros destinos que no sea edificar viviendas sociales. Francisco Vázquez atribuyó públicamente las dudas sobre el proyecto a las maquinaciones del actual secretario de Estado de Transporte, Fernando Palao, para favorecer la ampliación del puerto de Gijón, del que fue presidente. También al diputado del BNG Francisco Rodríguez, cuyas interpelaciones, dirigidas a dañar el proyecto, desvelaron las dudas de Fomento. El 2 de agosto se cumplía el plazo que los cuatro firmantes del convenio del 2 de febrero se habían dado para ratificarlo. Fomento anunció que retrasaría su decisión hasta septiembre. "Fomento no tiene que ratificar nada, es un convenio en el que se ha comprometido el Gobierno de España, sea el que sea", declaró entonces Vázquez. Una semana después reconocía que esperaba contestación de la ministra a sus cartas. Según Fomento, esas misivas no son siete y ya han tenido respuesta, pero no la esperada: le ofrecen renegociar el convenio, con la participación del Ministerio de Vivienda.