Carretero defiende su actuación ante el Tribunal Superior y declara que fue aconsejado por el secretario
El consejero de Gobernación, Joan Carretero, declaró ayer como imputado durante más de cuatro horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la querella presentada por un grupo de comerciantes que le acusa de los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia supuestamente cometidos al modificar dos planes urbanísticos en Puigcerdà para construir un hipermercado y una gasolinera donde debían levantarse 22 viviendas.
Carretero reconoció ante la juez instructora que esa modificación fue autorizada por el pleno del Ayuntamiento de Puigcerdà y que fue informado verbalmente por el secretario municipal de que podía efectuarse. Por ese motivo, defendió la legalidad de su actuación y la de su sucesor en el cargo de alcalde, Joan Planella, quien también estaba previsto que declarase ayer y finalmente comparecerá el 1 de septiembre.
Los querellantes son un grupo de comerciantes supuestamente perjudicados por ese cambio de planeamiento, defendidos por el abogado penalista de Barcelona Pablo Molins, situado en la órbita de CDC. Molins afirmó al terminar la declaración que el consejero no había podido desvirtuar los hechos relatados en la querella, aunque también admitió que el asunto que se está discutiendo se sitúa en la frontera que separa una irregularidad administrativa del ámbito penal por la actuación de quien la adopta.
Pablo Molins sostiene que la Comisión de Urbanismo de Girona reiteró en diversas ocasiones al Ayuntamiento de Puigcerdà que esa modificación no se ajustaba a la legalidad y debía rectificar. Carretero, por el contrario, sostiene que la querella presentada contra él tiene un "trasfondo pólítico y económico". En este sentido, y refiriéndose a la oposición, aseguró: "Lo que no han podido conseguir por las urnas, quieren conseguirlo por la vía judicial".
