La cara y la cruz de los apagones eléctricos

Los apagones eléctricos son como una moneda de dos caras y, en ocasiones, un arma de doble filo. Deterioran la imagen de las compañías eléctricas y soliviantan a los consumidores (22,8 millones). Pero a menudo han servido también como elemento de presión a las compañías para reclamar al Gobierno de turno subidas (o no bajadas) de las tarifas eléctricas. En momentos clave para el sector, el fantasma de los posibles apagones ha hecho sonar sus cadenas sobre las mesas de negociación, acongojando a los responsables de fijar las tarifas.

En febrero de 2002, con el recuerdo de grandes apagones en diciembre del año anterior aún reciente (600.000 usuarios sin servicio en Madrid y Valencia) y con los famosos Costes de Transición a la Competencia (CTC) -el billón de las eléctricas- en el alero, el entonces presidente de la patronal eléctrica Unesa, José María Amusátegui, advirtió al Ejecutivo de la situación "insostenible" del sistema y de la posibilidad de que "haya una situación comprometedora en los próximos meses si no se toman medidas".

La advertencia no cayó en saco roto. El Gobierno del PP, que en 2000 había aprobado una progresiva reducción de las tarifas del 9% "como máximo" en tres años, frenó en seco. El cambio fue radical: modificó la metodología y aseguró a las compañías subidas anuales de las tarifas hasta un máximo del 2% hasta 2011, además de asegurar el cobro del billón en CTC de forma escalonada. El fantasma de los apagones estuvo también muy presente en las conversaciones de la Planificación Energética, con la apuesta por el gas natural y las centrales de ciclos combinados. Tan presente que cada invierno y verano de los últimos cuatro años se ha hecho notar.

Denuncias

La utilización del riesgo de apagones como argumento a favor de mejorar el trato a las grandes compañías ha sido denunciado por las asociaciones de consumidores, asociaciones ecologistas y por partidos políticos -desde el PSOE a IU- en los últimos años. Hasta en la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el órgano regulador del sistema, llegó a calar la sospecha, según admiten fuentes del organismo. La conexión apagón-presión está tan arraigada que esta misma semana el coordinador de IU en Andalucía, Diego Valderas, ha acusado a Endesa de "chantajear" a la Junta de Andalucía con los apagones para conseguir los permisos necesarios y construir centrales térmicas en la región.

Sin embargo, frente al mensaje un tanto catastrofista que transmitían las compañías hace tres años, ahora se esfuerzan en explicar que no hay problemas graves de suministro, pese a incidentes muy localizados, porque han invertido mucho y bien en los últimos ejercicios. De paso, explican que las aventuras internacionales y de diversificación han dejado paso a la inversión en el negocio eléctrico nacional.

Las memorias de las compañías y de la patronal del sector Unesa (en la que se integran Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo) demuestran que, efectivamente, las compañías han invertido mucho en los últimos años en España. En concreto, 11.249 millones de euros. Y recogen también un cierto cambio de estrategia, ya que en 2001 sólo el 57% del total de su negocio era el eléctrico nacional y ahora ha subido al 59%.

Pero la gran cuestión es si han invertido lo suficiente en apartados clave como el mantenimiento y la mejora de la red de baja tensión y si todas las compañías, que en 2003 ganaron en conjunto 2.357 millones de euros netos, han hecho el mismo esfuerzo en este sentido.

Tanto el ministro de Industria, José Montilla, como el presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Pedro Meroño, han contestado a esa pregunta en los últimos días: las inversiones en mantenimiento y mejora de la calidad del servicio, han explicado, son insuficientes para atender una demanda que el año pasado creció un 6,2% (un 31% entre 1998 y 2003) y que en opinión de Arturo Gonzalo, alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente, "está fuera de control".

Una demanda, además, que ha cambiado junto con los hábitos de unos ciudadanos con mejor nivel de vida, que gastan cada vez más luz (228.796 millones de kilovatios hora en 2003) y que se resisten a pasar calor o frío, lo que hace que las puntas de demanda de invierno y de verano se acerquen cada vez más.

Y es que, aunque la inversión de las empresas en transporte y distribución -una de las patas de su negocio, junto con la generación y la comercialización- ha crecido más de un 18% desde 2001 (de 1.334 millones de euros en ese año a 1.581 millones en 2003), los continuos apagones, especialmente en Cataluña y Andalucía, han puesto de manifiesto que hace falta más dinero para asegurar el servicio.

En el complejo entramado eléctrico, si se comparan los ingresos de las compañías en 2003 (25.478 millones por todos los conceptos, de los cuales 15.639 son de la actividad eléctrica nacional) o beneficios netos (2.357 millones) con inversiones en la red, la crítica es fácil.

Sin embargo, desde las compañías, la lectura es distinta. Según destacan, la actividad de transporte y distribución está regulada (generación y comercialización son actividades liberalizadas) y es el Gobierno, a través de la tarifa, el que decide la rentabilidad de las inversiones en este apartado. "Las actividades de las empresas están jurídicamente separadas. Son sociedades anónimas diferentes las que prestan el servicio [de distribución] y nadie puede pedir que una empresa, que debe asegurar la rentabilidad a sus accionistas, tenga pérdidas, de lo contrario, sobra toda la legislación", sostiene un alto cargo de una de las empresas del sector.

El traje y las costuras

Polémicas al margen, lo que está claro es que el traje eléctrico ha estallado por las costuras de un país que está escasamente conectado a la red europea y que ha incrementado su consumo eléctrico un 35% entre 1997 y 2003, muy por encima del crecimiento del producto interior bruto (20% en el mismo periodo).

Las olas de calor y el aumento del nivel de vida han disparado, entre otras cosas, las ventas de aparatos de aire acondicionado (un 30% el pasado año, hasta los 942.207 aparatos, según datos de Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), lo que hace que la demanda de electricidad en hora punta del verano haya crecido más de un 50% en los últimos años.

Esas cifras de crecimiento, propias de regiones subdesarrolladas, en un país "en el que no ajustan las ventanas", según sostiene el director general de Industria, Joan Trullén, obligará al nuevo Gobierno socialista, inmerso además en las discusiones del Protocolo de Kioto, a tomar medidas para corregir la situación sin tocar demasiado las tarifas, algo siempre impopular y delicado.