París aprueba la privatización parcial de EdF y GdF
La Asamblea Nacional francesa votó ayer la conversión de los entes estatales EdF y GdF en sociedades anónimas, acabando así con el estatuto que ha regido desde las nacionalizaciones de 1946, tras la Segunda Guerra Mundial. Ambas permanecerán en manos públicas a la altura del 70% y podrán privatizar el resto del capital. A falta del trámite del Senado, la mayoría de ayer (376 diputados contra 180) confirma que los partidos de derecha y centro siguen respaldando al ministro de Economía, Nicolas Sarkozy, pese a la dureza de las protestas sindicales.
El primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, confirmó la voluntad de llegar hasta el final y fustigó los "actos ilegales" llevados a cabo por trabajadores de las dos empresas. La jornada de huelga celebrada ayer en las empresas afectadas, la sexta en poco más de dos meses, se saldó con una participación relativamente débil tras los sabotajes a las estaciones transformadoras que alimentan la red ferroviaria de cercanías de París y el metro de la capital, que han afectado a cientos de miles de viajeros. Al mismo tiempo fue cortada la exportación de electricidad a España.
Estreno en Bolsa
Una vez entren en vigor los cambios jurídicos, el Estado dejará de garantizar la financiación de las dos compañías, una ventaja considerada incompatible con las reglas europeas de la competencia. Las dos sacarán a Bolsa como máximo un 30% del capital, según el tope que Sarkozy ha aceptado introducir en el proyecto de ley para desactivar la magnitud de las primeras protestas.
El Gobierno argumenta que las dos empresas necesitan financiarse y buscar aliados para enfrentarse a la competencia en mejores condiciones. Pero los que se oponen auguran subidas de precios, alegando que esto ha sido el resultado de las liberalizaciones en otros países; así como problemas de suministro y el riesgo de que los futuros "intereses privados" presionen para recortar el empleo.
Toda la izquierda, incluido el Partido Socialista, votó en bloque contra la reforma. El portavoz socialista en el debate, François Brottes, aludió al riesgo de "confiscación del patrimonio de la nación" y denunció que este golpe haya sido perpetrado "entre el Euro 2004 de fútbol y el comienzo de las vacaciones de verano".
