Trampas y colapsos también en Preescolar

LA EDUCACIÓN INFANTIL está en boca de todos los políticos. No hay programa electoral que no recoja la creación de miles de escuelas para niños donde les cambien los pañales y aprendan las primeras enseñanzas de la vida mientras sus padres trabajan fuera de casa. Hasta los seis años no es obligatorio ir a la escuela, pero ¿quién tiene a un niño en casa hasta esa edad?

Aunque a diferentes velocidades, todas las comunidades tienen ya satisfecha la matrícula de tres a seis años. Los problemas los tienen los padres con bebés por debajo de esa edad, si bien en estos niveles hay comunidades, como Navarra, País Vasco o Cataluña, que van a la avanzadilla, pero a unos niveles que no incitan a la maternidad: no alcanzan el 30% de escolarización de cero a dos años, y algunas, como Cataluña, se apoyan fuertemente en el sector privado (el 62% de los escolarizados).

Son la excepción. La demanda de escuelas infantiles públicas está desbordada. CC OO asegura que sólo en Madrid hay 30.000 familias que no encuentran una plaza en estas escuelas y tienen que acudir a guarderías privadas, que tampoco logran absorber el total de la demanda. En toda España hay algo más de 2.550 centros de educación infantil.

Las escuelas infantiles públicas prestan, en opinión de los padres, un servicio que deja muy alta la relación calidad-precio. Pero no todas las guarderías privadas cumplen los mínimos exigidos al amparo de interminables prórrogas para adaptarse.

"Yo metí a la niña con cinco meses en una guardería privada porque no encontré plaza en la pública, y mi experiencia no fue buena: atienden a más niños por clase de los que marca la ley, no te informan, a mí me entregaban a la cría en la puerta y no podía ver cómo estaba antes de que yo llegara...", comenta Ana Correa, que vive en Rivas-Vaciamadrid, un pueblo madrileño surtido de escuelas públicas y cuyos problemas de puestos escolares llevan a pensar en cómo estarán los demás.

Tanto ella como su marido trabajan a tiempo completo, y por eso obtienen cinco puntos para escolarizar a sus hijos; pero ya está, porque su renta no les otorga ventaja alguna.

Correa entiende que los inmigrantes o las familias con ingresos bajos tengan asegurada su plaza. "Lo que molesta son las trampas que se hacen con las declaraciones de renta para ganar un puesto", dice.

La polémica política en esta etapa es el cambio introducido por la Ley de Calidad. Con ella, la educación infantil ya no comprende seis años divididos en dos ciclos. El primer ciclo, hasta los tres años, se ha sacado de las enseñanzas de régimen general y se le ha llamado Preescolar, igual que con la Ley General de Educación de 1970. Detrás de estos cambios se esconden otros, como que podrán impartir estas enseñanzas "profesionales con la debida cualificación", algo que

no estaba permitido en las escuelas públicas infantiles con la anterior ley, que tenían que ser maestros

especialistas.

Ambas leyes recogen la obligación de la Administración de ofrecer tantas plazas como sean necesarias para satisfacer la demanda. Por ahora, hay miles de familias esperando.